Jesús Solís Alpuche
El retroceso en materia de la participación democrática, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, como de la educación rural, laica y gratuita, es inminente en México.
En 12 años de gobiernos panista, la violencia se recrudeció con el incremento de los cárteles en pugna por las rutas y mercados de las drogas. Del 2001 al 2006, con Vicente Fox como presidente, fueron asesinados 109 periodistas y varios defensores de los derechos humanos, como es el caso de Digna Ochoa, que quejó impune para muchos de nosotros, lo mismo que otros cientos de ciudadan@s anónim@s.
La narco guerra se incrementó radicalmente cuando Felipe Calderón, para amarrar la usurpación de la presidencia en 2006, saca a las fuerzas armadas a la calle supuestamente a combatir el crimen organizado del que destacados miembros de la clase política ya era y siguen siendo parte. El costo es de 61 mil 775 asesinados y 27 mil desaparecidos. Y Con los 57 mil muertos del actual régimen, ya tenemos más de 121 mil mexicanos víctimas de la guerra ya intensa que vivimos en el país.
En este marco, con los antecedentes de las masacres de Acteal, Chiapas, y Aguas Blancas, Guerrero en el sexenio de Ernesto Zedillo, y recientemente Tatlaya y Ayotziapa, es muy difícil pensar en la vigencia de la defensa de los derechos humanos.
La averiguación previa iniciada por la PGR, en contra de Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, a raíz de la denuncia interpuesta por José Antonio Ortega, a nombre de un membrete denominado “Consejo Ciudadano” que lo acusa por fraude y desviación de fondos (sin fundamento porque el Secretario Ejecutivo no maneja recursos económicos) del Estado en la averiguación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, evidencia una vez más que en el capitalismo neoliberal la defensa de los derechos humanos es un bonito oxímoron, sino que una falacia.
El gobierno mexicano está demostrando que es un contrasentido tratar de reivindicar los derechos humanos, en el desgastado concepto de la democracia representativa, particularmente porque lo humano refiere a un carácter ético, y la democracia representativa y sus leyes se establecen conforme al poder del dinero y no de los individuos.
El ejercicio del poder, no lo otorgan los seres humanos, sino los mercados que mueven el dinero y éste es el que da el poder, que en estas condiciones no se puede poner en contra de quien lo genera, porque si así fuera no tendría posibilidades de reproducirse y estaría condenado a desaparecer como poder. De ahí que la defensa de los derechos humanos, la justicia y la dignidad sean una contradicción en el sistema capitalista que vivimos, ya que el capitalismo es en su desarrollo intrínsecamente violento, y en circunstancia hasta perverso..
Darío Ramírez director de Artículo 19 dice que Leer los textos de José Antonio Ortega en Milenio reflejan su ignorancia sobre el derecho internacional de los derechos humanos y los mecanismos intergubernamentales en la materia. No es de extrañarse que se haya animado a presentar una denuncia que carece de toda razón y fundamento jurídico, al filo de ser una estupidez. Lo que sí es sorprendente es que la PGR acceda a ser el brazo ejecutor de la tontería de Ortega. Eso nos hace imaginar que hay intención política, no jurídica, detrás de la persecución contra Alvarez Icaza. Perseguirlo es perseguir a un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Investigar a Icaza es investigar a la OEA ¿Quién dentro del Gobierno mexicano ha llegado a la conclusión que cometer dicha tontería ayudaría a salvar la honra del estado mexicano? Porque alguien debió haber dado línea a la Procuradora para abrir dicha averiguación previa. A las pocas horas de conocerse el ridículo de la PGR, el Subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa, publicó en su cuenta de tuiter: “CIDH firmó con el Estado Mexicano representado por SEGOB, SRE y PGR, no administra recursos. Esa demanda no es seria”. Bien por Campa, pero no me queda claro si esa es la posición de la SEGOB o simplemente fue un acto espontáneo de sinceridad.
Al respecto la Comisión Iteramericana dijo que la contribución financiera voluntaria del Estado mexicanos es espontánea y directamente a la cuenta de la Secretaría G de la OEA, por medio de su Secretario de Administración y finanzas, por lo cual la CIDH no administró esos recursos, por tanto tampoco lo hizo su Secretario Ejecutivo Álvarez Icaza.
La campaña que se ha desatado en contra del grupo de expertos que analizan la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, después de que el gobierno solicitó su asistencia técnica a la CIDH, y no pudo manipularla para justificar la desaparición de los jóvenes evidencia, y a nivel mundial exhibe a México, como un país sumamente atrasado en materia de Derechos Humanos, así como la profundidad de la corrupción judicial vinculada al crimen organizado y desorganizado.
Pero más que nada, las complicidades entre supuestos grupos ciudadanos, que no se miden en prestarse a la simulación, para servirle al gobierno, que a su vez le sirve a los intereses más oscuros de la oligarquía y el crimen organizado. El importante papel que juegan en este proceso de disquisición histórica, en la coyuntura de Ayotzinapa, los padres de los 43 normalistas y el GIEI, es definitivo, para las futuras generaciones y el futuro del país. chantzacan@hotmail.com
