Carlos Loret de Mola Álvarez / Historias de reportero
Han pasado meses desde su promesa pública de investigar y pronunciarse sobre el caso y tanto la Procuraduría General de la República como la Comisión Nacional de Derechos Humanos guardan silencio sobre un hecho de violencia que se ha vuelto uno más de los expedientes que manchan la imagen de México en el mundo: la presunta ejecución extrajudicial en Tanhuato, Michoacán.
El 22 de mayo de 2015 en esa localidad murieron 42 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y un Policía Federal. Hasta ahora, la versión oficial sostiene que se trató de un enfrentamiento prolongado con intercambio de fuego con armas de grueso calibre, y justifica la disparidad en el saldo final en que los uniformados estaban mejor equipados y adiestrados.
Han pasado meses desde su promesa pública de investigar y pronunciarse sobre el caso y tanto la Procuraduría General de la República como la Comisión Nacional de Derechos Humanos guardan silencio sobre un hecho de violencia que se ha vuelto uno más de los expedientes que manchan la imagen de México en el mundo: la presunta ejecución extrajudicial en Tanhuato, Michoacán.
El 22 de mayo de 2015 en esa localidad murieron 42 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y un Policía Federal. Hasta ahora, la versión oficial sostiene que se trató de un enfrentamiento prolongado con intercambio de fuego con armas de grueso calibre, y justifica la disparidad en el saldo final en que los uniformados estaban mejor equipados y adiestrados.
Dos meses después, en julio de 2015, en estas “Historias de Reportero” le denuncié que, con base en informes oficiales preliminares, el asunto tenía todos los elementos para ser considerado una ejecución extrajudicial de la Policía Federal. Luego, las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional se pronunciaron en el mismo sentido.
Cuando publiqué la denuncia se desató una extendida y sana polémica. A raíz de ella, la PGR anunció que atraía el caso y la CNDH dijo que ya estaba indagándolo.
Han pasado casi ocho meses. Ni una ni otra han vuelto a decir nada.
Sobre la actuación de la CNDH pongo dos casos sobre la mesa:
1.- En Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tres meses después de los hechos, la revista Esquire reveló hacia donde apuntaba la realidad de ese episodio (publicó el testimonio de “Julia”, quien estuvo ahí durante el hecho, quien declaró que se trató de una ejecución). El Ejército y la Procuraduría del Estado de México habían querido hacer creer: que todo fue sólo un enfrentamiento. A los pocos días de la publicación, la PGR aceptó que tras el enfrentamiento inicial hubo disparos sin justificación. Y unas semanas después de eso, la CNDH emitió la recomendación: pidió a todas las instituciones involucradas reparar el daño a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.
2.- Apatzingán, Michoacán, 6 de enero de 2015. 10 personas muertas tras una persecución de policías federales a presuntos autodefensas. Casi de inmediato surgieron las versiones que contradecían al parte oficial. Siete meses más tarde, la CNDH emitió su informe donde reconoció el uso de excesivo de la fuerza en cinco muertes y la ejecución extrajudicial en una más.
De los hechos en Tanhuato van diez meses. De la denuncia pública, ocho meses. He preguntado de cuando en cuando a la CNDH cuánto tiempo les falta para presentar sus conclusiones de Tanhuato. Desde octubre del año pasado me decían en Comunicación Social que “ya casi”.
¿Es nomás lentitud o esperan a que primero se pronuncie el gobierno? ¿El caso implica más muertes y es más complejo que los otros o hay fuertes presiones para mantener los cadáveres bajo la alfombra?
1.- En Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tres meses después de los hechos, la revista Esquire reveló hacia donde apuntaba la realidad de ese episodio (publicó el testimonio de “Julia”, quien estuvo ahí durante el hecho, quien declaró que se trató de una ejecución). El Ejército y la Procuraduría del Estado de México habían querido hacer creer: que todo fue sólo un enfrentamiento. A los pocos días de la publicación, la PGR aceptó que tras el enfrentamiento inicial hubo disparos sin justificación. Y unas semanas después de eso, la CNDH emitió la recomendación: pidió a todas las instituciones involucradas reparar el daño a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.
2.- Apatzingán, Michoacán, 6 de enero de 2015. 10 personas muertas tras una persecución de policías federales a presuntos autodefensas. Casi de inmediato surgieron las versiones que contradecían al parte oficial. Siete meses más tarde, la CNDH emitió su informe donde reconoció el uso de excesivo de la fuerza en cinco muertes y la ejecución extrajudicial en una más.
De los hechos en Tanhuato van diez meses. De la denuncia pública, ocho meses. He preguntado de cuando en cuando a la CNDH cuánto tiempo les falta para presentar sus conclusiones de Tanhuato. Desde octubre del año pasado me decían en Comunicación Social que “ya casi”.
¿Es nomás lentitud o esperan a que primero se pronuncie el gobierno? ¿El caso implica más muertes y es más complejo que los otros o hay fuertes presiones para mantener los cadáveres bajo la alfombra?
