Jesús Solís Alpuche
Los gobiernos capitalistas mexicanos, nunca promovieron la educación e información sobre la defensa de los derechos laborales y humanos entre los trabajadores. Y menos la defensa de los derechos agrarios y a la tierra como patrimonio indígena de los pueblos originales. Así, Carlos Salinas en la presidencia y Víctor Cervera en la reforma Agraria, fácilmente impusieron al obediente Congreso de mayoría (PRI/PAN) las contra reformas al Art. 27 Constitucional, en materia agraria, publicadas el 26 de febrero de 1992, en el Diario Oficial, por medio de la Certificación Ejidal (Procede) que es la flexibilización legal para la privatización de las tierras, que deja, a más de 100 mil ejidatarios yucatecos sin derechos a la Ley de Crédito Ejidal, y más de 30 mil sin pensiones y servicios médicos en el IMSSS.
En este proceso de reformas al Art. 27 Constitucional, que legaliza la privatización, de la propiedad ejidal, el 6 de enero del 92, hasta ese día derecho inalienable, inembargable e “imprescriptible”, nace la Procuraduría Agraria, que en realidad su procuración es legalizar la prescripción del derecho inalienable, para la privatización de más de 29, 440 ejidos de toda la República con más de 100 millones 300 mil hectáreas de tierras y territorios que deben pasar, de acuerdo al modelo de país que Salinas y Cervera iniciaron en México, a manos de particulares.
En su boletín Núm. 078 del 5 de junio de 2012, la Sedatu dice que en Yucatán el 57 % de la tierra es propiedad social. “Existen 738 ejidos o núcleos agrarios, con una superficie en Yucatán de 2 millones 235 mil 906 hectáreas y 128, 040 campesinos con derechos agrarios de los cuales el 12 % son mujeres y el 88 % hombres. (entre ellos está el de Kinchil con 21 mil hectáreas). Estadísticas del Registro Agrario Nacional (RAN), indican que en los ejidos de Yucatán hay 128 mil 40 sujetos agrarios, lo que equivale al 6.9 por ciento de la población total del estado que es de un millón 955 mil 577 personas”. Entonces si el 57 % de la tierra pertenece a menos del 7 % de la población, a un neoliberal no le cabe en la lógica más que quitársela, en lugar de rentársela o asociarse con los propietarios, como se proclamaba antes de la reforma de enero de 1992.
¿Cómo se haría esto? El Art. 56 de la ley agraria que nace con las reformas salinistas-cerveristas y su reglamento en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares dieron vida a este Programa (Procede), para que se hicieran los cambios legales en ejidos y comunidades para asegurar la privatización parcial, o total de los 100 millones 300 mil hectáreas de tierras de todo el país, legalmente en manos de de 29, 440 ejidos en todo el país y más de 2 millones de hectáreas de tierras en Yucatán en manos de más de 128 mil campesinos, a quienes se les está quitando como quitarle un dulce a un niño.
Este contexto, viene a que en respuesta a una petición mía a nombre de El Barzón respecto a que en el ejido de Kinchil, Celestún, Tetiz, Hunucmá y otros lugares, las grandes empresas constructoras, están haciendo enormes perforaciones en el manto pétreo de la Península, para extracción de miles de toneladas de piedras, sin tomar en cuenta el daño a la
estabilidad de la región, los karts, los mantos acuíferos, así como a la flora y la fauna del suelo y el subsuelo.
En su respuesta la Delegación de la P.A, para declarar su incompetencia al respecto, me dice que en los puntos que señalo en mi escrito de mérito, “del cual se aprecia escaso conocimiento en la materia agraria y de las atribuciones y facultades de esa institución”, ya que en reiteradas ocasiones El Barzón-Yucatán le ha pedido la P.A. la comprobación de que NO ES EJIDO de Kinchil, ya que en el Ejido de Kinchil no fue aceptado el Procede, y que por lo tanto las tierras donde se está extrayendo enormes cantidades de material pétreo pertenece al ejido de Kinchil, lo cual hasta ahora, sigue negando el Comisariado, que tanto como la PA, para su incumbencia en el irresponsable desmantelamiento.
Por lo tanto, como el Procede no fue aceptado en Kinchil, las más de 20 mil hectáreas ejidales, son de USO COMUN, o sea donde todos tienen derechos. Si la P.A. y el comisariado dice que los lugares donde se han extraído y siguen extrayendo, miles, si no es que millones de toneladas de piedra, desde hace más 15 años no es ejido de Kinchil, como aseguran docenas de ejidatarios kinchileños, la P.A. tiene la obligación de demostrarlo. No le estamos pidiendo que certifique elñ daño ecológico, sino que explique los límites ejidales Se trata de los linderos ejidales de Kinchil y los terrenos nacionales.Y es su responsabilidad
Como estoy seguro, que dentro de su estrategia de privatización y depredación de la región, la P.A. implementará como su recurso último, el uso del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrario sin Regularizar (FANAR); es necesario advertir que se trata de otra táctica para evitar esclarecer judicialmente quien es el responsable del robo al ejido de Kinchil, de las miles de toneladas de piedras los últimos 15 años, no tenga que pagar los daños al ejido. De esto, el comisario es tan indolente, que niega que los terrenos de extracción sean ejidales, y seguramente apoyará la entrada del FANAR.
Que es el Fanar? El Procede concluyó en 2007, quedando 10 millones de hectáreas (el 9 %) de tierras en todo el país sin certificar. Kinchil cuanta con 21 mil hectáreas que son el futuro de las nuevas generaciones de kinchileños, si los ejidatarios vigentes, no caen el el garlito que seguramente les tratarán de imponer por medio del PRIANAL, la CNC, la P.A y el comisariado.
Hay 2,421 grupos agrarios que con Kinchil han resistido las mentiras, presiones y chantajes del gobierno, para que vendan sus tierras a la nueva casta de terratenientes propoietarios. Sin embargo el gobierno y sus tentáculos como son los partidos políticos, los presidentes municipales, empresarios sin escrupulos, banqueros, la P.A. y sus visitadores, que nos son otra cosa que agentes de la desgracia ejidal, insisten en apropiarse de todo el territorio nacional, para de nuevo acasillas a los pueblos originales dueños de las tierras, a su servicio
Desde mismo 2007 en que concluyo el Procede, la SRA, hoy Sedatu, implementó el FANAR con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de certificación y titulación de acuerdo a su nueva ley agraria, El Fanar es la prolongación del Procede, cuya vigencia no respetaron, por la ansiedad neoliberal de dejar a los campesinos sin nada que les permita una forma de vida digna e independiente, ya que la tierra, como Madre o medio de producción, de donde procede la vida. Para el capitalista sólo es dinero y explotación.
