MÉRIDA, Yucatán, 27 de noviembre.- A pesar de que el maltrato que sufre un alumno de la primaria Álvaro Obregón de Xcanatún por parte de las autoridades escolares ha sido denunciado ante la Segey y la Codhey, ninguna instancia ha actuado para salvaguardar el bienestar físico y emocional del menor. Cuando acudió ante el Secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, se le dijo que el funcionario no concede audiencias a nadie.
 |
| Imagen: Google Maps. |
En entrevista a Libertad de Expresión Yucatán, la señora Anabel Cortés explicó la manera en la cual su hijo ha sido atosigado de manera reiterada desde su ingreso, al grado que teme por su integridad, siendo la instancia más reciente del hostigamiento que el menor y ella viven una protesta orquestada a las puertas del plantel para manchar la imagen del pequeño en la prensa local y presionarla para que lo retire del plantel.
La situación, dijo la entrevistada, se remonta al inicio del Ciclo Escolar 2013-2014, cuando el niño comenzó a cursar el segundo año de primaria en la referida escuela.
Las autoridades del plantel jamás tomaron en consideración el hecho de que el niño ha sido diagnosticado con el Trastorno de Déficit de Atención (TAC) e inclusive destruyeron la documentación que les entregó su madre. La USAER, que atiende a niños con este tipo de trastornos, se negó a reconocer que el menor tuviera tal condición, tomando el lado de la maestra y la directora.
La entrevistada y su abogada sostuvieron que la maestra de segundo de primaria Virginia Montesinos, a quien se describió como rígida e inflexible, castigaba con mayor severidad al pequeño, llegando inclusive a sacarlo del salón arrastrando su silla, con la ayuda de la entonces directora, Alma Burgos. Las mencionadas intentaron negar el hecho, a pesar de que toda la escuela lo vio. Ésta es una de varias humillaciones que el menor ha sufrido en la escuela.
Fue en marzo de 2014 cuando la entrevistada metió una queja ante la Codhey, tras lo cual se recrudecieron las represalias. Sin embargo, la instancia no le dió la importancia que tenía el asunto a pesar de que éste involucra a un menor de edad.
Entre las acciones emprendidas contra el menor, se encontraba el no aceptar los justificantes médicos presentados por su madre cuando no podía asistir a clases por motivos de salud.
En el plantel, indicaron, es común que obliguen a los niños pequeños a cargar garrafones llenos y pararse en el sol a la más pequeña falta. El maestro de deportes, señalaron, fuma dentro de las instalaciones pero nadie hace nada.
Aunque intentaron acatar las medidas y adaptarse a este sistema, al no tener más remedio, el menor era un niño diferente y la escuela simplemente no quería aceptarlo.
La profesora, sostuvieron, estaba determinada a tronar al muchacho. Cuando se ausentó por maternidad, al menor le fue mejor académicamente con el suplente. Sin embargo, al regresar la maestra ésta le puso puros cincos, haciendo que repita el segundo año de primaria. Sus exámenes, diagnóstico, justificantes médicos y demás información fueron destruidos por la escuela.
El siguiente ciclo escolar, 2014-2015, se dividió el grupo en dos salones, esto para aligerar la carga laboral de la maestra. Este curso lo concluyó sin problemas.
En el actual ciclo escolar se recrudecieron las acciones contra el niño. Describieron a su maestra, Rosa Uc, como obediente a la actual directora, Noemí Romero "Lumi", y lo regañaba por mover los pies y cambiar de lugar.
Un alumno de sexto año, indicaron, lo agredió físicamente en dos ocasiones, sin embargo las autoridades escolares lo castigaron a él y no al agresor, suspendiéndolo e impidiendo que fuera a un paseo escolar.
Tras el primer ataque contra el niño, éste subió al techo y ninguno de los maestros hizo nada para impedirlo, a pesar de que fueron testigos de los hechos. Ese día, la directora contactó a la madre y le dijo que fuera por su hijo o llamaría a la policía.
Era tal la consigna contra el menor que sus demás compañeros comenzaron a resentirlo.
Cuando la madre del niño preguntó por qué no hubo sanción contra el alumno de sexto año, la directora actual, quien fuera inspectora de zona, le dijo que no tenía por qué rendirle cuentas.
Las autoridades escolares aprovecharon el tiempo durante el cual el hijo de la entrevistada no fue a clases y cerraron filas para exacerbar los ánimos de las madres de familia y convencerlas de que señalen al niño como agresor y pidan formalmente que se le saque de la escuela.
Desde antes, indicaron, las autoridades filtraron información sobre el menor a los demás padres de familia.
La mañana del 17 de noviembre del año en curso, la escuela fue cerrada con candado y las madres de familia hicieron una protesta para pedir que se expulsara al menor, a la cual acudieron con anticipación varios medios de la localidad, algunos de los cuales publicaron su nombre.
La entrevistada explicó que no le es posible cambiar a su hijo de escuela ya que carece de los recursos para pagar una privada. Adicionalmente, indicó que aunque le fuera posible hacerlo, él seguiría viendo a sus hoy ex compañeros en el poblado y persistiría el ambiente propiciado por las autoridades escolares.
Aunque intentó obtener una audiencia con el Secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, ésta le fue negada bajo el argumento de que el funcionario no concede tales reuniones. Caballero tampoco dio respuesta a un oficio presentado por la entrevistada.
A pesar de que en años pasados logró reunirse con funcionarios de menor nivel en la Segey y presentó varios escritos, ninguno tomó medidas para resolver la situación. La Segey tampoco dio respuesta a las medidas cautelares dictadas por la Codhey el 23 de noviembre. (JMRM)
