RÍO DE JANEIRO, Brasil, 8 de octubre.- Dilma Rousseff se convirtió anoche en la primera presidenta de Brasil en tener las cuentas de su gobierno rechazadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), decisión que sienta las bases legales para que ahora el Congreso pueda iniciarle un juicio político por haber violado la ley de responsabilidad fiscal.
"Las cuentas no están en condiciones de ser aprobadas. Recomendamos su rechazo por el Congreso Nacional", afirmó el ministro Augusto Nardes, a cargo de la evaluación de la contabilidad oficial de jefa del Estado el año pasado, cuando Brasil cayó en un déficit primario inédito de 10.100 millones de dólares.
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| Dilma en el Palácio do Planalto, Brasilia. (Foto Jorge William / Agência O Globo) |
Por unanimidad, los nueve miembros del TCU apuntaron que en todo el primer mandato de Rousseff hubo irregularidades y que en 2014 se realizaron maniobras fiscales sospechosas, presuntamente destinadas a maquillar las cuentas en rojo. El eje del asunto son las llamadas "pedaleadas fiscales", retrasos en los que incurrió el gobierno para transferir fondos de los tres bancos públicos -el Banco do Brasil, la Caixa Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social- con los que éstos debían pagar las cuotas de programas sociales como el famoso Bolsa Familia. Sin esos giros, las entidades tuvieron que hacer los desembolsos con su propio dinero, lo que en la práctica representa un préstamo, que debería haber sido autorizado por el Congreso.
"La situación fiscal es incompatible con la realidad. Se comprometió la gestión fiscal, se hirieron diversos dispositivos constitucionales y legales, especialmente la ley de responsabilidad fiscal", explicó Nardes, juez al que el gobierno intentó remover dos días atrás y como no pudo, ayer mismo solicitó, en vano, que el Supremo Tribunal Federal postergara la votación en el TCU.
Ahora, la oposición tiene en sus manos una herramienta legal clave para sustentar su pedido al Congreso para que Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), sea sometida a un juicio político, aunque otros presidentes anteriores también hicieron uso de maniobras fiscales similares y no fueron reprobados por ello. Si el Congreso decide iniciar un proceso de impeachment contra la presidenta, asumiría el poder el vicepresidente Michel Temer, perteneciente al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
La mandataria recibió la noticia horas antes de partir hacia Colombia, donde realizará una vista de carácter comercial. No fue el único mal trago que tuvo hoy Rousseff: antes, el Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una investigación contra ella y el vicepresidente Temer por hallar indicios de numerosas anomalías en la campaña que el año pasado los llevó a la reelección. La denuncia había sido presentada en enero por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que acusó a la fórmula oficialista de financiamiento con dinero desviado del esquema de sobornos en Petrobras; uso indebido de la cadena nacional de radio y televisión así como de la maquinaria estatal para propaganda; manipulación de los indicadores socioeconómicos y realización de gastos superiores al límite informado a la justicia electoral.
De ser hallados culpables, tanto Rousseff como Temer serían obligados a dejar sus cargos, y asumiría el poder el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (también del PMDB, pero con una postura muy crítica al gobierno), quien debería llamar a nuevas elecciones dentro de los siguientes 90 días. (Alberto Armendáriz / lanacion.com.ar)
