MÉRIDA, Yucatán, 15 de septiembre.- Operadores jurídicos del sistema penal acusatorio son capacitados de manera intensiva durante este mes para que conozcan y apliquen los contenidos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en vigor en Yucatán a partir del próximo 22 de septiembre.
Organizados por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de Seguridad y de Justicia, los cursos son impartidos por instructores certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Entre los talleres que todavía están por comenzar está “El policía como primer respondiéndote” y “El policía con capacidad de procesar el lugar de los hechos”, los cuales iniciarán el 25 de septiembre con una duración de 40 horas cada uno. Estas actividades tendrán como sede los municipios de Mérida, Kanasín, Tekax, Umán y Valladolid.
De igual forma, el 28 de septiembre se efectuará una instrucción dirigida a litigantes que se impartirá en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) con una duración de 100 horas.
Además, desde el pasado 7 de septiembre se ofrece el “Curso especializado en técnicas de litigación oral para defensores del Gobierno del Estado”, con una duración de 40 horas y con sede en el Tribunal. También desde el 8 de los corrientes se instruye a periodistas en el TSJY a través de un taller de 40 horas.
Cabe mencionar que en agosto inició una capacitación dirigida a mediadores y conciliadores de la Fiscalía General del Estado. Mientras que del 10 al 14 de dicho mes, con una duración de 80 horas, se impartió el taller “Técnicas de litigación en el juicio, en procedimientos especiales y en el procedentito abreviado”, lo que tuvo lugar en las salas de oralidad del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), y de juntas de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Estos cursos dirigidos a fiscales, defensores, periodistas y agentes municipales se realizan gracias al subsidio para la implementación de la reforma penal que se otorgó a Yucatán, derivado del convenio suscrito entre el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación. (Boletín)
