CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo.- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó hoy la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite cerrar “espacios de opacidad y discrecionalidad, y abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país”.
Puntualizó que la transparencia fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, ayuda a prevenir y a combatir la corrupción, promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública, y empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas.
Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Gobiernos estatales y del Distrito Federal, órganos autónomos, partidos políticos y legisladores, entre otros, el Primer Mandatario exhortó: “sigamos trabajando juntos para hacer del servicio público una actividad más abierta y más cercana a los ciudadanos. Trabajemos para que la gestión pública sea más transparente y genere mayor confianza en nuestra democracia”.
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| El presidente Enroque Peña Nieto muestra la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo flanquean el perredista Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y el también perredista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. |
Subrayó que “los mexicanos tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos; tienen derecho a saber qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados”.
Destacó que con este nuevo ordenamiento legal “México fortalece y amplía los mecanismos de acceso a la información, los cuales ahora serán de aplicación nacional”.
Tras señalar que esta Ley es “un avance institucional muy significativo, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia”, el Primer Mandatario subrayó que, con todo y sus beneficios sociales, “la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma más amplio: el Gobierno Abierto”.
Aseguró que los Gobiernos Abiertos “son la nueva frontera de la democracia, son un modelo colaborativo que está transformando la manera en que interactúan ciudadanos y autoridades”. Este modelo, añadió, “requiere sociedades democráticas, gobiernos transparentes y tecnologías que los acerquen. Es un paradigma de autoridades proactivas, que publican la información en formatos útiles y amigables, incluso antes de que les sea solicitada”.
Apuntó que el Gobierno Abierto “es también un paradigma de ciudadanos con espíritu constructivo, que aprovechan la información para generar conocimiento, soluciones y aplicaciones de beneficio social”. Éste, agregó, “es el nuevo estándar de corresponsabilidad al que aspiran los gobiernos y sociedades del mundo, y en el que México hoy tiene una responsabilidad mayor, como Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
El Presidente Peña Nieto refirió que, congruente con ello, en febrero pasado expidió el Decreto por el que se Establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos. “De esta manera, se pondrá a disposición de la población, de manera digital y en línea, la información de carácter pública generada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, dijo.
“Estoy seguro de que la Ley General que hoy se promulga permitirá que no sólo el Gobierno de la República, sino el Estado mexicano en su conjunto, adopte el nuevo paradigma de los Gobiernos Abiertos”, resaltó.
El Titular del Ejecutivo Federal refirió algunos de los puntos más relevantes de la Ley General promulgada hoy:
PRIMERO: La Ley obliga a que más autoridades, instituciones y personas, sean transparentes. “Las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están obligados a transparentar la información pública que posean. También lo están los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Esta Ley General, además, redobla los mecanismos de transparencia en materia energética. Las autoridades y empresas productivas del Estado estarán sujetas a las más altas exigencias de publicidad de la información”.
SEGUNDO: “La Ley fortalece y articula los procedimientos de los organismos garantes, creando el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En este sentido, la Ley homologa el acceso a la información pública, estableciendo los fundamentos que regirán en todo el país. De esta manera, se regulan los medios de impugnación y se establecen las bases de coordinación entre el instituto garante nacional; los organismos garantes de las entidades federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”.
TERCERO: Se amplía la obligación de transparentar información pública de oficio, y se facilita el acceso a ella. “La Ley General establece un catálogo mayor a los lineamientos que antes existían, ahora de 50 preceptos comunes a todos los sujetos obligados. Además, esta información deberá estar a disposición del público y mantenerse actualizada en medios electrónicos, teniendo como sustento tecnológico la Plataforma Nacional de Transparencia que habrá de desarrollarse. Para verificar su cumplimiento, los organismos garantes realizarán verificaciones virtuales a los portales de internet de los sujetos obligados”.
CUARTO: La Ley prevé los instrumentos necesarios para asegurar el principio constitucional de máxima publicidad. “Se reconoce que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados será accesible a cualquier persona. En este sentido, se elevan los requisitos para poder reservar información temporalmente. Además, no podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.
QUINTO: “La Ley fortalece los medios de defensa de los particulares que solicitan información, y es rigurosa contra quienes incumplan sus obligaciones de transparencia. En este sentido, se incorporan 15 nuevas causas para sancionar a los servidores públicos que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública. Para dar certeza a la aplicación de esta Ley General, se establece su prevalencia sobre cualquier otro ordenamiento en la materia”.
SEXTO: la Ley amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia. “Habrá Consejos Consultivos en todos los organismos garantes integrados por consejeros honoríficos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, con acreditada experiencia en la materia”.
El Primer Mandatario recordó que en la primera alternancia en la Presidencia de la República se impulsó la transparencia y el acceso a la información pública en el ámbito federal, “y si bien hubo avances importantes en los gobiernos locales, es hasta la segunda alternancia que se impulsa la transparencia a escala nacional”.
“Como Presidente Electo, puse a consideración de los legisladores un proyecto de iniciativa de reforma constitucional para fortalecer la transparencia
Expresó su reconocimiento y felicitación a los senadores y diputados federales, así como a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, “por las valiosas aportaciones que hoy nos permiten tener una Ley de altos estándares internacionales. Su participación fue fundamental para crear espacios de diálogo entre el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, así como para identificar e impulsar nuestras coincidencias”. (Presidencia)
