miércoles, 22 de abril de 2015

abril 22, 2015
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril.- Por unanimidad de tres, votos el octavo tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional (amparo) concedida la semana pasada por el juez federal Fernando Silva García a la periodista Carmen Aristegui con la que se obligaba a Grupo MVS a sostener una reunión conciliatorio el viernes con su ex conductora.

Según consta en registro del Poder Judicial Federal, los magistrados, superiores jerárquicos del juez, coincidieron en que el hijo del ministro Juan Silva Meza excedió los alcances propios que permiten la figura legal de suspensión de amparo.

Ahora habrá que esperar a que el próximo lunes se efectúe una audiencia incidental en la que el propio juez Silva determinará si sostiene sus argumentos y concede una suspensión definitiva o si niega la misma.


Por el momento quedó cancelada con esta resolución del tribunal la obligación que tenía MVS de reunirse el viernes con Aristegui.


Al Jazeera difunde el caso Aristegui

Texto en español de Jesse Franzblau, traducido por Francesca Emanuele, publicado por Al Jazeera el pasado 8 de abril:

México incrementa la presión  hacia periodistas

La revelación de secretos estatales y la censura de los medios

El 15 de marzo, el conglomerado mediático mexicano, MVS Comunicaciones, despidió a la galardonada periodista de investigación Carmen Aristegui después de rechazar su petición de reincorporar al trabajo a dos de sus colegas. Daniel Lizárraga e Irving Huerta fueron despedidos una semana antes por MVS Radio, alegando que la causa del despido fue por haber utilizado, sin permiso, el logotipo de la empresa para apoyar a MéxicoLeaks, una nueva plataforma de denuncia, puesta en marcha desde el 10 de marzo por un conjunto de cinco medios de comunicación, más dos asociaciones civiles.

Sin embargo, previamente Aristegui y su equipo de reporteros hicieron un reportaje de investigación sobre la lujosa mansión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual fue construida por un grupo de bienes raíces que más tarde ganó lucrativos contratos gubernamentales.

El despido de una de las periodistas de radio más importantes de México ha despertado preocupaciones por el regreso al país de las llamadas “malas y viejas formas“, cuando el gobierno mexicano podía contar con la colaboración de los propios medios de comunicación para reprimir las voces críticas periodísticas.

En las horas posteriores a la matanza de estudiantes de 1968 por parte de las fuerzas de seguridad en la plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México, las autoridades se movilizaron rápidamente para encubrir los asesinatos, confiscando películas, reportajes inéditos, y otros documentos periodísticos que cubrieron la protesta. El gobierno quería desaparecer el problema de los estudiantes y las noticias del derramamiento de sangre: México se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de verano de 1968.

No fue sino hasta 2002 que el diario El Universal publicó fotos de aquel día, de un rollo sin revelar con imágenes que se mantuvieron en secreto durante décadas. El encubrimiento de la masacre de Tlatelolco tuvo lugar en un momento en que los medios de comunicación eran aliados dispuestos del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que gobernó México durante siete décadas consecutivas. Esta es una de las principales razones por las que la masacre de Tlatelolco, junto con un sinnúmero de otras atrocidades cometidas durante el período de la “guerra sucia” en México, permaneció en la opacidad durante años.

Mientras Peña Nieto y los índices de aprobación de su partido, el PRI, se desploman, parece que es vital para su futuro político el mantener la cultura de secretismo, y el silenciar a los disidentes. En un reciente artículo de opinión, “Todos somos Carmen“, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor John Ackerman realizó una oportuna conexión entre el despido de Aristegui y las próximas elecciones legislativas en junio. Regularmente, el programa de Aristegui dio cabida a las posturas de partidos de la oposición, y trató temas controversiales, entre ellos el asesinato en junio pasado de 22 personas en Tlatlaya, y el secuestro y desaparición de 43 estudiantes a finales del año pasado de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. (enlace al texto completo)