BANGKOK, Tailandia, 29 de abril.- En Indonesia, anoche fusilaron a ocho condenados por tráfico de drogas, a pesar de las críticas de las ONG y los desesperados llamamientos de clemencia llegados desde todo el mundo.
Las autoridades de Indonesia consumaron a medianoche (hora local) la sentencia de muerte de ocho hombres, siete extranjeros y un indonesio. A última hora, y según la prensa indonesia, las autoridades decidieron posponer la ejecución de la novena sentenciada a muerte, la empleada doméstica filipina Mary Jane Veloso, quien defiende que fue usada por una mafia como 'mula' para transportar drogas: Jakarta tomó la decisión tras conocerse que la jefa de Mary Jane en el momento de su detención se entregó el martes y la Justicia filipina requiere a Veloso como testigo contra ella.
Lejos de las cámaras, en el penal de máxima seguridad de Nusa Kambangan, conocida como Isla Ejecución, un pelotón de fusilamiento compuesto por 12 personas puso fin a las vidas de los australianos Myuram Sukumaran y Andrew Chan, el ghanés Martin Anderson, los nigerianos Agbaje Salami, Sylverster Obiekwe Nwolise y Okwudili Oyatanze, el indonesio Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin y el brasileño Rodrigo Gularte. Representantes de las embajadas de los acusados asistieron a la ejecución y facilitarán los trámites de repatriación de los cadáveres. Un décimo condenado, el francés Serge Areski Atlaoui, tendrá que esperar aún dos semanas para ver el desenlace de su última apelación, si bien la ejecución de hoy alimenta el pesimismo.
Horas antes, los familiares de los ajusticiados tuvieron ocasión de ver por última vez a sus seres queridos en un último adiós que los hermanos de los australianos calificaron de "tortura". "Hoy hemos pasado por algo por lo que ninguna familia debería pasar. Salir de ahí y decir adiós por última vez es una tortura", explicaba Michael Chan tras el último encuentro.
'Último encuentro'
Era el penúltimo acto de un drama que se precipitó el sábado, cuando las autoridades les comunicaron oficialmente la ejecución cumpliendo así el procedimiento que obliga a anunciar con una antelación mínima de 72 horas la consumación de la pena capital. En un principio, las autoridades concedieron a los familiares un último encuentro con los condenados hasta las 14.00 hora local, plazo que se terminó ampliando hasta las 20.00. "Hay tantas cosas de las que hablar... Hemos hablado de la pena de muerte, de lo inútil que es... Pido al presidente que muestre compasión, por favor, no permita que mi madre y mi hermana tengan que enterrar a mi hermano", explicaba por su parte Chintu Sukumaran, hermano del otro australiano.
Las escenas de dolor recogidas por las cámaras en el corto trayecto desde el puerto de Cilacap hasta la puerta principal de la prisión resumían bien los temores de que no habría clemencia. Horas antes, la llegada de ambulancias cargadas con féretros blancos al penal, adornados con cruces grabadas con la fecha del miércoles, anulaba toda posible esperanza. "Van a sacarle a medianoche y van a dispararle. Ruego al Gobierno que no le mate. Por favor, no le maten hoy", suplicaba Raji Sukumaran, madre de uno de los australianos. "No le veré nunca más", decía entre lágrimas. Otros familiares se desmayaron en las puertas de la prisión entre gritos de "clemencia". El lunes, el hoy ejecutado Chan había contraído matrimonio con su novia indonesia, después de las autoridades accedieran a concederle ese último deseo.
De nada sirvieron las manifestaciones y protestas, las campañas individuales de amigos y familiares, los esfuerzos de las ONG ni las presiones diplomáticas salvo en el caso de la condenada filipina. En las últimas horas, la ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, volvió a pedir a la Justicia indonesia que pospusiera las ejecuciones de sus dos conciudadanos hasta que se resuelva una causa de corrupción judicial relacionada con el caso, algo descartado por el fiscal indonesio, H.M. Prasetyo, dado que, según explicó a BBC, una revisión "no puede enmendar una sentencia previa" y porque "los extranjeros no están en situación de pedir una revisión judicial a la Corte Constitucional".
Un recurso de última hora lanzado por el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, para tratar de salvar la vida de Veloso tuvo más éxito. La ejecución de Mary Jane, de 30 años y madre de dos niños de corta edad, resultaba especialmente controvertida ya que siempre defendió su inocencia: aseguraba haber sido utilizada por una mafia que le introdujo heroína en su maleta. Pocas horas antes de la ejecución, el presidente Widodo convocaba un encuentro extraordinario para debatir la ejecución de Mary Jane tras ser informado de que la jefa de ésta, Maria Kristina Sergio, se había entregado en Filipinas en relación con su caso y confronta cargos de tráfico humano y estafa: las autoridades filipinas pedían que se mantuviese con vida a la acusada dado que será citada como testigo en el caso de Sergio. Sólo se supo que fue cancelada su ejecución una vez que se anunció el fusilamiento de sus ocho compañeros de infortunio.
Los casos australianos
En el caso de los australianos, de nada sirvió el último recurso diplomático esgrimido por las autoridades de Canberra: un comunicado conjunto firmado por los gobiernos de Australia, Francia y la Unión Europea donde se apelaba a Widodo "a parar la ejecución prevista. No es demasiado tarde para cambiar de parecer. Confiamos en que Indonesia muestre compasión con los diez detenidos. Perdón y rehabilitación son tan fundamentales para el sistema judicial indonesio como para nuestro propio sistema", escribían.
Joko Widodo parecía decidido a desafiar los llamamientos internacionales dando luz verde a las ejecuciones, aplaudidas en el interior del país musulmán, donde la amenaza de las drogas es considerada una emergencia nacional. En un encuentro mantenido el martes con el fiscal general, Widodo dio instrucciones para "proceder según lo establecido" descartando así un indulto de última hora. Indonesia contempla penas durísimas para los crímenes relacionados con el narcotráfico y retomó la pena de muerte tras una pausa de cinco años, el pasado 2013. Sólo este año, antes de las ocho ejecuciones de hoy, habían sido ajusticiadas otros seis acusados por tráfico de drogas.
Tras años de ruegos, súplicas y críticas provenientes desde el secretario general de la ONU hasta las cancillerías occidentales, las ejecuciones de hoy amenazan con envenenar las complicadas relaciones entre Indonesia y Australia, que desde hace años se caracterizan por acusaciones de espionaje y de tráfico. En 2013, las autoridades de Jakarta llamaron a consultas a su delegado en Canberra y congelaron la ayuda militar y la cooperación de Seguridad tras informaciones que denunciaban que Australia había espiado a las autoridades indonesias, incluida la esposa del entonces presidente.
El hecho de que los recursos presentados por Camberra, así como la campaña del primer ministro australiano en compañía de otros dirigentes internacionales, no hayan dado frutos ha suscitado un enorme resquemor en Australia, donde una campaña para solicitar clemencia fue firmada por más de 150.000 personas. Amnistía Internacional lleva movilizando, como otras ONG, a la opinión pública desde hace semanas. "La pena de muerte es un castigo inhumano y violento que no cabe en el sistema judicial criminal de hoy en día", escribía la organización, especialmente dado que "la experiencia en todo el mundo prueba que la pena capital no previene los crímenes".
Desde Indonesia, las autoridades hicieron hincapié en que "no queremos enemistarnos con ningún país, pero luchamos contra narcotraficantes cuyo impacto es horrible en nuestro país", aseguró el fiscal general, H. M. Prasetyo, encargado de anunciar las ejecuciones. Según Arie Afriansya, profesor de Leyes de la Universidad de Indonesia citado por la ABC, las ejecuciones de los ocho de Bali han suscitado un gran debate interno sobre la pena de muerte. "El mensaje que el Gobierno quería enviar es 'por favor, no traigan drogas a Indonesia'. Ese es el mensaje. Se puede discutir la eficacia de la pena de muerte, pero el Gobierno quiere transmitir que tenemos un problema muy grande con el abuso de drogas". (Mónica G. Prieto / El Mundo / Fotos Repubblica y Spiegel)
