miércoles, 18 de marzo de 2015

marzo 18, 2015
Carlos Loret de Mola Álvarez

A pesar de los programas de seguridad del gobierno federal y de las investigaciones de inteligencia sobre la penetración del crimen organizado en Guerrero, una amplia zona del estado presenta alto riesgo para la realización de las elecciones del 7 de junio.

La Policía Federal y la CNDH coinciden en poner focos rojos en el estado por la operación de distintos grupos criminales. Lo mismo pide a gritos el INE.

Es la misma región que la inteligencia federal tenía detectada desde antes del caso Iguala, en la que se observaban nexos de alcaldes con la delincuencia:


Un documento de inteligencia fechado el 6 de agosto de 2014 indica que el gobierno federal tiene información sobre los vínculos del grupo criminal Guerreros Unidos con autoridades municipales.


En él se establece que autoridades federales investigaron al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por fraude y agresiones desde mucho antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobernación ha admitido públicamente que se abrieron investigaciones sobre Abarca en 2010, 2011 y 2012, pero asegura que no hubo pruebas suficientes para acusarlo de algún delito.

El informe indica específicamente vínculos de tres presidentes municipales en funciones con Guerreros Unidos. Son el alcalde de Apaxtla, Efraín Peña Damacio; el de Taxco, Salomón Majul González, y el de Chilpancingo, la capital del estado, Mario Moreno Arcos.

Moreno Arcos es señalado como “primo” de José Carlos Moreno Flores, alias El Fiebre, presunto líder de Guerreros Unidos en la zona central de Guerrero y en el puerto de Acapulco. Se mencionan seis averiguaciones previas sobre el munícipe por homicidio, daños y otros delitos.

Contactado para esta columna, Moreno Arcos negó el parentesco con Moreno Flores y dijo estar abierto a cualquier indagatoria. Incluso pidió a la PGR que lo investigue. “No he tenido, no tengo ni tendré vínculos con el crimen organizado”, dijo. Peña Damacio y Majul González no respondieron a varias solicitudes para comentar sobre el informe.

Después de la desaparición de los normalistas, el gobierno federal anunció el plan de seguridad que incluía la investigación y en algunos casos reemplazo de las policías locales de 36 municipios en Guerrero, Estado de México, Michoacán y Morelos.

La CNDH emitió recientemente un informe en el que advierte sobre la necesidad de restaurar las funciones de seguridad pública en 64 municipios de Guerrero que son controladas por el crimen organizado.

Destaca como municipios críticos Acapulco, Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca, Alpoyeca, Apaxtla, Atlamajalcingo, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Azoyú, Chilapa, Chilpancingo, Cochoapa, Copala, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, Taxco, Teconapa, Tecpan de Galeana, Tixtla, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Tlapa y Xalpatláhuac.

La Policía Federal resalta once municipios de alto riesgo en Guerrero, Tamaulipas y Michoacán. En el caso de Guerrero considera que Chilpancingo y Acapulco son los más riesgosos.

Lo sabían desde hace mucho tiempo. Ojalá que les dé tiempo al “cuarto para las doce”.

SACIAMORBOS. Aún existen un hombre con mucho dinero y otro con mucho poder que pueden garantizarle espacio. Ojalá.