jueves, 8 de enero de 2015

enero 08, 2015
MÉRIDA, Yucatán, 8 de enero.- Una sentencia judicial favorable al Ayuntamiento de Mérida demuestra que el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado antepone los intereses de un particular a los de la sociedad y, por lo tanto, no tenemos garantía de imparcialidad en el caso de las luminarias, advierte el director de Gobernación, Rafael Pinzón Miguel.

Confrontación entre Mario Romero Escalante, titular de la Policía Municipal, y Alejandro Vázquez Favela, representante legal de la gasolinera, durante el frustrado intento de clausura el pasado 5 de junio (foto: JMRM)

Entrevistado por la sentencia emitida por el caso de la gasolinera de la colonia México, el funcionario indicó que el juicio promovido por ABC Leasing se encuentra en manos del mismo Tribunal, que otra vez podría anteponer los intereses de esta empresa sobre los de todos los habitantes de Mérida con la intención de que se vuelvan a instalar las lámparas chinas en la ciudad.

Lo preocupante —dijo Pinzón Miguel— es que ya quedó demostrado que el Tribunal Administrativo encabezado por Miguel Barbosa Lara antepone los intereses de un particular a los de la colectividad.

A solicitud de los vecinos, el Ayuntamiento negó hace unos meses la licencia de construcción de una gasolinera de la calle 21 entre 14 y 16 de la colonia México, pero los propietarios acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo y el magistrado Miguel Diego Barbosa Lara dictó una sentencia en la obligó al Ayuntamiento a autorizar esos permisos.

Ante esta sentencia, los vecinos solicitaron la protección de la justicia federal ante el Juzgado Segundo de Distrito, considerando que el Tribunal presidido por Barbosa Lara violó sus derechos al no llamarlos al juicio para ser oídos como terceros interesados, dada su vecindad con el negocio.

Irving José Miranda Caballero, inspector a cargo de la fallida clausura, carece de preparación para el cargo según demuestra información publicada en exclusiva por Libertad de Expresión Yucatán.

El último día de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito declaró insubsistente todo lo actuado en el juicio contencioso administrativo, su sentencia y las consecuencias de la misma, es decir, declaró la inexistencia de todas las licencias que por orden del Tribunal Contencioso Administrativo expidió el Ayuntamiento de Mérida.

Básicamente, esta sentencia federal nos dice que el Tribunal ignoró los derechos de los vecinos de la gasolinera y obligó al Ayuntamiento de Mérida a expedir licencias en contra de los intereses de los ciudadanos de Mérida, consideró el director de Gobernación.