Carlos Loret de Mola Álvarez / 16-XII-14
El escándalo tiene el potencial de aquellos que tumban gobiernos. Y más en un contexto de indignación por la violencia e impunidad.
Imaginemos la reacción social, el descontento creciente, si en las próximas semanas sabemos de este, y este otro, y aquel, y aquel otro, secretario, subsecretario, dirigente, integrante del equipo del presidente Enrique Peña Nieto que se compró una casa a través de la constructora Higa.
Quizá en la lectura textual de la ley no se puede tipificar conflicto de interés. Pero en lo que el público entiende como conflicto de interés, en lo que el grueso de la gente ya no quiere ver en la política, el asunto de las casas califica:
El que financió las compras inmobiliarias, Juan Armando Hinojosa, dueño de Higa, es amigo cercano del primer mandatario, amigo cercano también de su círculo, colaborador de la campaña presidencial priísta, beneficiario de millonarios contratos oficiales cuando este equipo de políticos mandaba en el gobierno del Estado de México y ahora que lidera la administración federal.
Si era amigo íntimo era lógico que cualquier licitación o asignación a su favor despertara sospechas. Más aún si se disfrazaba de banco para gestionar las casas de los personajes más encumbrados.
En este contexto de descomposición y desagrado, y en medio de forcejeos sobre si debe renunciar el primer mandatario, me parece central poner a prueba a las instituciones, a ver si resisten más allá de las mujeres y los hombres que coyunturalmente las integran.
Sería muy sano, por ejemplo, que el gobierno publique una lista detallada de todos los funcionarios y familiares de éstos que han establecido alguna relación comercial con este grupo y otros que puedan representar un conflicto de interés, por sus atribuciones directas en el cargo o por su influencia dentro de la administración. Y que no sea sólo el gobierno federal. También los estatales, municipales, y los Poderes Legislativo y Judicial.
Y a partir de los asuntos iniciales de la primera dama y el secretario de Hacienda, empezar con una investigación del Congreso, a través de una comisión con representación de todos los partidos, que signifique para los implicados comparecer, ser cuestionados por los integrantes del comité, y que sean sesiones públicas. El Presidente mismo. El asunto es de tal dimensión que lo amerita.
Todos los Congresos del mundo actúan de manera partidista, pero en las democracias avanzadas logran procesar investigaciones de este tipo. Hay muchos ejemplos. Valdría la pena dar la oportunidad al mexicano de hacerlo.
Con lo que ahí se revele y transparente, determinar las consecuencias políticas y judiciales que en su caso correspondan. Y que esa misma ruta sigan otros expedientes que puedan revelarse.
Sería fascinante atestiguar si el Estado mexicano es capaz de procesar este asunto. De lograrlo, sería un avance cualitativo para la democracia mexicana y sobre todo para sus dolidos ciudadanos.
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