lunes, 8 de diciembre de 2014

diciembre 08, 2014
Opinión de JMRM

En nota publicada hoy 8 de diciembre de 2014 en Por Esto!, se da a conocer cómo ayer domingo, 5 jóvenes fueron detenidos, interrogados y revisados sin causa justa por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el Fraccionamiento Campestre.


Al parecer, fueron vecinos de la misma zona quienes llamaron a la policía por el simple hecho de que "les pareció rara" la vestimenta de los mencionados.

A pesar de ser a todas luces un reporte frívolo y ocioso, motivado únicamente por prejuicios discriminatorios, desafortunadamente fue motivo suficiente para que cuatro GOERA motorizados y dos patrullas de la SSP detuvieran a los jóvenes, los hicieran descender de su vehículo, revisaran sus pertenencias y los interrogaran a pesar de que no habían tan siquiera sido acusados de ningún ilícito.

La persona que hizo la llamada no dijo que estuvieran saliendo de alguna casa por la ventana, ni que los hubiera visto consumiendo drogas o agrediendo a otra persona. Simplemente que no le gustó su apariencia.

Los jóvenes fueron liberados con el típico "disculpe usted" tras haber visto vulnerados sus derechos constitucionales a no ser molestados y al libre tránsito, todo porque a una o varias personas no les gustó su manera de vestir.

Si indigna y enfurece leerlo, imaginen cómo se sentirá experimentarlo en carne propia.


El hecho no sólo constituye una violación de sus garantías individuales sino un ataque a su dignidad humana y a su misma seguridad, y son tan culpables los oficiales que respondieron al reporte, los comandantes que dan la orden de tomar en cuenta estas denuncias frívolas y los mismos vecinos (o posiblemente el encargado o encargados del 7 Eleven mencionado en la nota, ya que éste es el punto donde descendieron los agraviados. Inclusive es posible que tal denuncia no existiera y todo iniciara por los mismos policías). Todos son cómplices en estos operativos a todas luces ilegales.

Al presumir estas acciones ante los medios, las autoridades crean la ilusión de que estos operativos son perfectamente lícitos, en pro de la sociedad y no tienen nada de malo. Inclusive proporcionaron al reportero del citado medio toda la información relacionada con los oficiales, para dar la impresión de un actuar transparente y apegado al estado de Derecho.

El temor y posiblemente la falsa idea de que la autoridad es infalible y se le debe obediencia absoluta quizá hizo pensar a los agraviados que su única opción era doblegarse y cooperar. En agosto de este año, dos jóvenes dieron el ejemplo al grabar en video al oficial que los detuvo e intentó hacerlos descender de su vehículo sin motivo, subiendo a la red el clip donde exponen la arbitrariedad:


El incidente se registra a pocos días del caso de Guillermo Relloso Viesca, quien pasó más de 24 horas tras las rejas sólo porque a una empleada de Farmacias YZA en Los Pinos le pareció que se veía sospechoso.

Estos atropellos no son exclusivos de la SSP, a pesar de ser ésta la corporación con mayor presencia en la entidad. La Policía Municipal de Mérida fue expuesta públicamente en meses pasados por agredir físicamente a una persona homosexual, incidente que también inició por una parada arbitraria. Juan Eduardo Maza Poot, encargado del jurídico de dicha corporación, enfrenta actualmente una denuncia penal por despojo junto con su esposa, Verónica Ramayo Chi, quien labora en la Fiscalía General del Estado. 

Necesitamos poner un alto al acoso policíaco. No hacer denuncias frívolas es el primer paso, pero no colaborar con operativos que violenten nuestros derechos, demostrando que los conocemos, es indispensable para manifestar nuestro hartazgo y al menos tener la posibilidad de lograr un cambio en el futuro. Llevar con nosotros una copia de la Constitución, grabar en video y/o audio todo lo que digan y hagan los oficiales, tener a la mano la información de contacto de un reportero de cualquier medio no dedicado a alabar las acciones del gobierno en turno, etc. son algunas medidas que podemos tomar para protegernos de las autoridades y sus atropellos.

No lo aplaudirán, no lo verán con gusto, pero sabrán que están lidiando con un ciudadano informado que no renunciará voluntariamente a sus derechos por la ilusión de seguridad y está dispuesto a hacerlos valer.

Mientras la sociedad responda pasiva y obedientemente y renuncie voluntariamente a derechos consagrados en la Constitución por la ilusión de seguridad, estos abusos de poder se recrudecerán y se volverán cada vez más comunes.

Cabe mencionar que muchas de estas arbitrariedades se registran en retenes (puestos fijos de revisión), que pueden ser reportados públicamente enviando un tweet a @retioMID con su ubicación con el fin de que, como comunidad, podamos ayudarnos mutuamente a desplazarnos por la ciudad con menor riesgo de ver vulnerados nuestros derechos humanos.