Carlos Loret de Mola Álvarez / 8-X-14
Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, recibió una llamada que lo dejó frío. Le marcaron “de arriba”. Sucedió pocas horas después de que se conociera que la policía de Iguala había masacrado a más de cuarenta estudiantes normalistas.
“En ésta va tu cabeza, Ángel”, le advirtieron por la línea segura. “De entrada, detén al secretario de Seguridad Pública y vigila al presidente municipal para que no se fugue”, remataron con voz de mando. “Sí, desde luego, eso lo tengo controlado”, contestó palabras más, palabras menos, Aguirre Rivero.
Pero no hizo ni una ni otra: el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, está prófugo, al igual que el alcalde, José Luis Abarca Velázquez.
Una semana más tarde, en un discurso tropezado que no encontró ni la emotividad ni la contundencia que seguramente buscaba, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la toma del municipio de Iguala, a manos del gobierno federal.
Alineado con el modelo que empleó en Michoacán por la violencia y en Sonora por el derrame, envió a Guerrero a su procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y a su director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, para meter orden en el sitio que por cierto es cuna de la bandera nacional.
Las primeras investigaciones federales, a las que he tenido acceso, apuntan a que el secretario de Seguridad Pública local y el presidente municipal no son los protagonistas de la historia. Habría una mano detrás de ambos: la de María de los Ángeles Pineda Villa.
Su nombre apareció en los medios de comunicación casi de manera colateral cuando el alcalde José Luis Abarca reveló que él no se enteró de la matanza porque estaba en un baile, en festejo por el segundo informe de labores que presentó su esposa, María de los Ángeles Pineda, como presidenta del DIF municipal.
Según la indagatoria oficial, la mujer es la que manda en Iguala. El esposo sería la pura pantalla. Y ese bailongo posterior a ese informe era en realidad una plataforma de despegue a las aspiraciones formales de ella para contender por la presidencia municipal, en sucesión de su marido.
El mismo expediente la pone, hoy por hoy, como la principal sospechosa de haber ordenado la ejecución.
Ayer El Universal dio a conocer que según un reporte del Cisen, la esposa, cuñados y hasta suegra de Abarca Velázquez están presuntamente vinculados a una escisión del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva llamada Guerreros Unidos, o Guerrero Unido.
¿Caerá Aguirre por esto? Quién sabe. En las condiciones políticas actuales y tratándose de un viejo lobo como él, una llamada quizá no marque la diferencia. O sí.
El gobierno federal tiene una ficha interesante que jugar: su dictamen sobre los responsables de las inundaciones en Guerrero deja muy mal parados a los grupos priístas en la entidad, y sólo está esperando luz verde para divulgarse. Quizá los jefes nacionales se decidan a sacudir el tablero guerrerense y caigan todas las fichas.
SACIAMORBOS. La información oficial señala que ella es íntima del mandatario estatal.
