VERACRUZ, México, 7 de septiembre.- Desapariciones, secuestros y asesinatos se registran de forma alarmante en Veracruz, donde el gobierno ha fracasado con todos los operativos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para intentar disminuir la delincuencia que prevalece en varios municipios de la entidad.
Las balaceras y el sonido de las sirenas invaden de forma continua las calles de la mayoría de ciudades del estado, pero las autoridades niegan los altos índices de delincuencia, y a través del procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras y del Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermudez Zurita, el gobierno promete seguridad a los veracruzanos.
Cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, ubican a Veracruz en el segundo lugar a nivel nacional en número de secuestros, oficialmente, 111 cometidos y denunciados entre enero y julio de 2014; extraoficialmente, el número es mayor según denuncia de organismos no gubernamentales como “Alto al Secuestro” encabezado por Isabel Miranda de Wallace.
En todo Veracruz madres de desaparecidos exigen al gobierno localizar a sus hijos, pues centenares de niños y jóvenes han sido privados de su libertad sin razón aparente, sus rostros pueden verse en anuncios colocados en las calles o en redes sociales. Lejos de atender estos casos, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita, criminaliza a las víctimas, en abril pasado señaló que "se trata de delincuentes ajustando a delincuentes".
En marzo del presente año el Gobierno de Veracruz firmó los acuerdos necesarios para poner en marcha el programa "Alerta Amber" con la finalidad de ubicar a personas desaparecidas, pero a la fecha se han emitido solo 10 alertas en la entidad porque los protocolos de seguridad establecen que cuando existen indicios de secuestro no se deben hacer públicas las desapariciones.
Distintas células de la delincuencia organizada han fincado sus bases en Veracruz y las autoridades no han pasado del discurso y las promesas incumplidas, mientras tanto, la sangrienta escalada de violencia mantiene atemorizados a los veracruzanos que son testigos de la continua localización de fosas clandestinas.
Tanto el secretario de Seguridad Pública, el procurador de Justicia y el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa, hacen circular frecuentemente comunicados de prensa alardeando la desarticulación de bandas delincuenciales y anunciando posibles detenciones que, según ellos, concretarán en cuestión de horas sin que eso realmente ocurra.
Varios hechos delictivos que sucedieron donde el gobierno tiene activados programas de seguridad han conmocionado a la opinión pública, es el caso de la ciudad de Coatzacoalcos donde se registró el homicidio del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, quien fue privado de su libertad, asesinado y sepultado en una fosa clandestina; ahí mismo, sucedió el asesinato de la niña Karime Cruz Reyes de 5 años de edad, quien también fue secuestrada y asesinada pero su cuerpo fue localizado casi 2 meses después de cometido el ilícito.
Otro ejemplo es lo ocurrido en la zona centro del estado donde se activó el operativo “Córdoba Seguro” y pese al intenso despliegue policial, la inseguridad cobró otra víctima el pasado 3 de septiembre, el empresario Luis Sainz Sánchez fue asesinado cuando desconocidos le dispararon al intentar asaltar una de sus cafeterías.
Al día de hoy siguen sin esclarecerse casos como el secuestro y asesinato del cantante de la Voz México, Gibran Martiz; el secuestro y asesinato del hermano de la cantante de La Academia “Toñita”, así como la muerte del joven futbolista Alan Quevedo, asesinado cuando intentaba negociar con los secuestradores de su hermano quien continúa desparecido; también sigue impune el homicidio del abogado Cipriano Puertas Rubio que perdió la vida al intentar evitar el secuestro de su hijo Cipriano Puertas Decuir.
El gobierno de Veracruz reporta más de 133 robos al día, 28 mil en los primeros 7 meses del año; 809 delitos sexuales, entre ellos 160 casos de violación así como 607 asesinatos, pero las cifras se basan sólo en delitos denunciados y donde existen carpetas de investigación, los organismos no gubernamentales señalan que las cifras reales superan las estadísticas proporcionadas por las autoridades.
La ineptitud de las autoridades para brindar seguridad y procurar justicia a los ciudadanos queda de manifiesto con la iniciativa que envió al Congreso del Estado el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que busca autorización para otorgar jugosas recompensas económicas a quienes delaten a delincuentes para resolver crímenes, sin embargo, muchos informantes han perdido la vida por involucrarse en temas que solo competen a los investigadores.
Aunque el gobernador Javier Duarte de Ochoa y funcionarios como el procurador de justicia, Luis Ángel Bravo Contreras y el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, han intentado ocultar que Veracruz atraviesa por una severa crisis de inseguridad, la realidad supera cualquier falso testimonio. (Comunica Networks)
