MÉXICO, 14 de agosto.- El ejercicio de los derechos humanos en América Central es limitado y para las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travestí, transgénico e intersexual (LGBTTTI) es nulo, señalaron integrantes de la según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al finalizar la primera jornada del 152 Período Extraordinario de Sesiones de dicho organismo.
En esta sesión con sede en la Ciudad de México, diversas asociaciones civiles de cada nación exigieron a sus respectivos estados el impulso de verdaderas políticas públicas que atiendan las necesidades de la comunidad de la diversidad sexual, sobre todo en el reconocimiento de derechos fundamentales.
En la audiencia de Belice, los peticionarios, conformados por Help for Progress y Maya Leaders Alliance, exigieron la derogación del artículo 53 del Código Criminal de dicha nación que desde 2003 criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Dicha ley pena hasta por diez años la “relación carnal” que rompe el orden natural; aunado a ello, en este sentido dicho código también criminaliza las relaciones lésbicas siempre que sean entre una beliceña y una extranjera.
Además, argumentaron los peticionarios, la Ley de Migración prohíbe la entrada al país a personas que estén relacionadas “con el trabajo sexual y prácticas homosexuales”.
Ante los emisarios del gobierno caribeño, la CIDH exhortó a las autoridades de la nación caribeña a reconocer la diversidad sexual, acorde a los tratados internacionales que suscribe.
Ante este tema, el primer ministro beliceño Dean Barrow ha declarado que “La diversidad no deben ser sólo palabras, por lo que, tanto el gobierno como la iglesia deberán abstenerse de intervenir en las decisiones que afecte la integridad de la ciudadanía y sus derechos humanos.”
El Salvador
Por otro lado, en El Salvador, los peticionarios, conformados por Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, entre otros, exigieron su estado que termine la “ola de terror” contra la comunidad LGBTTTI, ya que no existen cifras exactas de crímenes de odio por homofobia y ni si quiera registran estos crímenes como tal.
Ante tal indolencia e invizibilización por parte del gobierno salvadoreño, los peticionarios exigieron la aplicación de un política pública coherente con las necesidades de la comunidad LGBTTTI que cubra el acceso a servicios de salud sin ser discriminados, a educación con el propósito de incorporarse a otros campos laborales, ampliación de las instancias gubernamentales encargadas de la diversidad sexual, y atención pronta a la comunidad trans que vive con VIH.
“Por ello la necesidad de implementar una Ley de Identidad de Género y poner en práctica el Decreto 56, que pena la discriminación”, señalaron las organizaciones participantes.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, las mujeres peticionarias, integrada por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, Campaña 28 de Septiembre, Women's Global Network for Reproductive Rights y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, expusieron la situación del aborto en El Salvador. Cifras señaladas por éstas mencionan que entre 2000 y 2011 se procesaron a 120 mil mujeres por el delito de aborto, algunas con el agravante de homicidio por parentesco “Muchas de estas mujeres eran pobre, solteras y analfabetas, lo que las coloca en un estándar alto de vulnerabilidad”.
En promedio, explicaron, la pena que purgan algunas de las criminalizadas es de 40 años; aunado a ello, tanto las agraviadas como sus defensoras de derechos y abogadas reciben hostigamientos constantes por parte de grupos fundamentalistas religiosos y los medios de comunicación.
Por ello, exigieron al estado el cumplimiento de acuerdos internacionales de protección de la mujer para erradicar la criminalización pro aborto así también como la tipificación del feminicidio, constante liquidación de la mujer en tal país.
También se revisaron lo relacionado a la violación de derechos humanos de niños migrantes en su tránsito por México y Estados Unidos. Al respecto, los peticionarios reportaron que la principal causa de los desplazamientos de esta población son los altos índices de delincuencia organizada, pobreza, falta de educación y salud, así como la posibilidad de reunirse con sus padres ya establecidos en las naciones del norte. (Ingrid Bengoa)
