Presunto peculado por más de 200MDP quedará impune
MÉRIDA, Yucatán, 29 de agosto.- El Juzgado Cuarto de Distrito resolvió negar el amparo promovido por el Ayuntamiento de Mérida a principios del 2014 en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que esta dependencia actuó de manera correcta y apegada a derecho en el caso de la denuncia interpuesta en contra de ex funcionarios municipales.
MÉRIDA, Yucatán, 29 de agosto.- El Juzgado Cuarto de Distrito resolvió negar el amparo promovido por el Ayuntamiento de Mérida a principios del 2014 en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que esta dependencia actuó de manera correcta y apegada a derecho en el caso de la denuncia interpuesta en contra de ex funcionarios municipales.
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| Niegan amparo promovido por el Ayuntamiento de Mérida por manejo que la FGE dio a las denuncias contra el ex alcalde Álvaro Omar Lara Pacheco y el ex tesorero municipal Carlos Bastarrachea Lara (fotos: archivo) |
En su momento, la Fiscalía General apuntó que no procedía la acción legal en la citada denuncia promovida por el apoderado legal del Ayuntamiento, José Rodrigo Osorio Cáceres (quien fue detenido en una fiesta rave en diciembre de 2013 y ya no trabaja para la comuna), situación que confirmó la Juez Federal Cuarto de Distrito, Licda. Mirza Estela Be Herrera, al afirmar que los argumentos de las autoridades municipales son infundados e inoperantes.
La sentencia de la Juez Cuarto afirma que de parte de la instancia quejosa no se acreditó que previo a la denuncia se hubiera cumplido con el requisito de procedibilidad consistente en la realización de la revisión y fiscalización de la cuenta pública por parte de la autoridad facultada para ello, es decir la Auditoria Superior del Estado.
"En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los argumentos vertidos por la parte quejosa (Ayuntamiento de Mérida), sin que se advierta algún motivo por el cual suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado", se añade en el citado fallo.
El 22 de abril del 2013, el apoderado legal de la Comuna meridana presentó una denuncia en la que señalaba hechos posiblemente delictuosos derivados por una inadecuada aplicación de los recursos públicos otorgados al Ayuntamiento de Mérida, durante el periodo 2012.
En la citada denuncia, con el número de Averiguación Previa 566/6°/2013 se anexaron como prueba de su dicho, un supuesto dictamen contable realizado por un contador designado por quienes presentaron la denuncia.
El 24 de diciembre del 2013, la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía emitió una resolución en la que se dispuso que no era procedente ejercitar la acción penal en la citada Averiguación, por los hechos antes expuestos.
El Ayuntamiento de Mérida, a través de su apoderado legal se inconformó con dicha resolución y solicitó mediante el recurso de revisión un nuevo análisis ante la FGE y el 20 de enero pasado, mediante minucioso análisis se determinó confirmar el no ejercicio de la acción penal.
Al no estar conforme dicho Ayuntamiento promovió ante la Justicia Federal el citado Amparo el cual le fue negado, otorgándole la razón a la Fiscalía General del Estado.
"La Justicia de la Unión no ampara ni protege a quien se identificó en su carácter de apoderado del Ayuntamiento del Municipio de Mérida respecto del acto reclamado a la Fiscalía General del Estado, por lo que se procede a negar el amparo solicitado", indica el documento. (Con información de la FGE)
La denuncia
Tras una investigación sobre documentos, estados financieros y actas de cabildo de enero a agosto de 2012, la actual administración del Ayuntamiento de Mérida detectó una serie de presuntas irregularidades que denunció penalmente por considerar que éstas constituian un peculado por más de 200 millones de pesos, según informó El Universal en abril de 2013.
El antes mencionado Osorio Cáseres interpuso una denuncia ante la Agencia Investigadora 6 de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de quienes resulten responsables.
El secretario de la comuna, Alejandro Ruz Castro, detalló en rueda de prensa que la averiguación previa 566/6/201, está basada en anomalías detectadas en la información relativa a la situación que guardaba el estado presupuestal y financiero del municipio y dijo que el monto total del manejo de recursos y sobregiros presupuestales y financieros sobre el erario público del municipio asciende a 216 millones 381 mil 215 pesos con 92 centavos.
Tanto el secretario de la comuna, el alcalde Renán Barrera Concha y la directora de Gobierno Lizette Mimenza Herrera coincidieron en que se tiene la evidencia suficiente para señalar que se trató de "una maquinación orquestada por ex funcionarios municipales, entre quienes dijeron podrían haber estado involucrados el ex alcalde interino de origen priísta Álvaro Omar Lara Pacheco, suplente de la ahora senadora Angélica Araujo Lara, y el ex tesorero Carlos Bastarrachea Lara.
"Al faltar a sus obligaciones, los ex funcionarios pusieron en riesgo los recursos públicos para obras y servicios aprobados por el cabildo para beneficio de los meridanos y ejercieron recursos en rubros y proveedores para los que no tenían autorización de gastar, comprometiendo además los recursos que correspondían a la administración municipal que inicio en septiembre de 2012", indicó Ruz Castro.
Entre los elementos de la denuncia, recordaron que en diciembre de 2011 se aprobó el programa operativo anual, así como los presupuestos a ejercer en 2012 por un importe de mil 807 millones 773 mil 608 pesos, cifra de la que determinaron ejercer de enero a agosto la cantidad de mil 280 millones 278 mil 109 pesos.
Sin embargo, a sólo siete días de concluir la administración, esa cantidad que ejercerían fue modificada en sesión extraordinaria el 24 de agosto, para quedar en mil 449 millones 368 mil 293 pesos.
Asimismo, se indicó que en la investigación se detectó que ese presupuesto modificado, "difiere en mucho a la cantidad reportada en los estados financieros correspondientes como ingreso total al 28 de agosto de 2012, que se plasmó por mil 246 millones 985 mil 205 pesos".
Agregaron que otras anomalías consisten en "facturas no contabilizadas que se dejaron dispersas en distintas direcciones, entre facturas reconocidas y no reconocidas en los procesos de entrega recepción y que suman la cantidad de 93 millones 917 mil 982, cuyo importe para cubrirlas no estaba considerado en los compromisos y recursos que la administración saliente dejó pendientes".
En los rubros de recursos propios y del fondo de aportaciones para el fortalecimiento hacía falta dinero en cheques por un importe de 86 millones 316 mil 404 pesos. A lo que agregaron un desvío en la reserva para el pago de aguinaldos de 2012 por un monto de 36 millones 146 mil 831 pesos.
Sobre el tema de los recursos destinados para el pago de aguinaldos, Ruz Castro dijo que el ex tesorero "sin autorización ni facultad alguna, autorizó emplear dichos recursos para el pago de compromisos del ayuntamiento, distintos al fin para el cual se aprobaron y habían sido reservados. La reserva fue desviada de la cuenta bancaria en tres momentos diferentes de junio a agosto de 2012, dejando sin dinero dicha cuenta y a los empleados municipales desamparados".
La denuncia
Tras una investigación sobre documentos, estados financieros y actas de cabildo de enero a agosto de 2012, la actual administración del Ayuntamiento de Mérida detectó una serie de presuntas irregularidades que denunció penalmente por considerar que éstas constituian un peculado por más de 200 millones de pesos, según informó El Universal en abril de 2013.
El antes mencionado Osorio Cáseres interpuso una denuncia ante la Agencia Investigadora 6 de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de quienes resulten responsables.
El secretario de la comuna, Alejandro Ruz Castro, detalló en rueda de prensa que la averiguación previa 566/6/201, está basada en anomalías detectadas en la información relativa a la situación que guardaba el estado presupuestal y financiero del municipio y dijo que el monto total del manejo de recursos y sobregiros presupuestales y financieros sobre el erario público del municipio asciende a 216 millones 381 mil 215 pesos con 92 centavos.
Tanto el secretario de la comuna, el alcalde Renán Barrera Concha y la directora de Gobierno Lizette Mimenza Herrera coincidieron en que se tiene la evidencia suficiente para señalar que se trató de "una maquinación orquestada por ex funcionarios municipales, entre quienes dijeron podrían haber estado involucrados el ex alcalde interino de origen priísta Álvaro Omar Lara Pacheco, suplente de la ahora senadora Angélica Araujo Lara, y el ex tesorero Carlos Bastarrachea Lara.
"Al faltar a sus obligaciones, los ex funcionarios pusieron en riesgo los recursos públicos para obras y servicios aprobados por el cabildo para beneficio de los meridanos y ejercieron recursos en rubros y proveedores para los que no tenían autorización de gastar, comprometiendo además los recursos que correspondían a la administración municipal que inicio en septiembre de 2012", indicó Ruz Castro.
Entre los elementos de la denuncia, recordaron que en diciembre de 2011 se aprobó el programa operativo anual, así como los presupuestos a ejercer en 2012 por un importe de mil 807 millones 773 mil 608 pesos, cifra de la que determinaron ejercer de enero a agosto la cantidad de mil 280 millones 278 mil 109 pesos.
Sin embargo, a sólo siete días de concluir la administración, esa cantidad que ejercerían fue modificada en sesión extraordinaria el 24 de agosto, para quedar en mil 449 millones 368 mil 293 pesos.
Asimismo, se indicó que en la investigación se detectó que ese presupuesto modificado, "difiere en mucho a la cantidad reportada en los estados financieros correspondientes como ingreso total al 28 de agosto de 2012, que se plasmó por mil 246 millones 985 mil 205 pesos".
Agregaron que otras anomalías consisten en "facturas no contabilizadas que se dejaron dispersas en distintas direcciones, entre facturas reconocidas y no reconocidas en los procesos de entrega recepción y que suman la cantidad de 93 millones 917 mil 982, cuyo importe para cubrirlas no estaba considerado en los compromisos y recursos que la administración saliente dejó pendientes".
En los rubros de recursos propios y del fondo de aportaciones para el fortalecimiento hacía falta dinero en cheques por un importe de 86 millones 316 mil 404 pesos. A lo que agregaron un desvío en la reserva para el pago de aguinaldos de 2012 por un monto de 36 millones 146 mil 831 pesos.
Sobre el tema de los recursos destinados para el pago de aguinaldos, Ruz Castro dijo que el ex tesorero "sin autorización ni facultad alguna, autorizó emplear dichos recursos para el pago de compromisos del ayuntamiento, distintos al fin para el cual se aprobaron y habían sido reservados. La reserva fue desviada de la cuenta bancaria en tres momentos diferentes de junio a agosto de 2012, dejando sin dinero dicha cuenta y a los empleados municipales desamparados".
