MÉRIDA, Yucatán, 22 de agosto.- Dos licenciados del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán (cuya ineficiencia expusimos el año pasado) han sido acusados pública, penal y administrativamente por la Red Discapacidad Unidos por la Integración de los delitos de extorsión y cohecho tras presuntamente intentar ganar decenas de miles de pesos aprovechándose rapazmente de la familia de un joven con discapacidad.
La agrupación informó que ha presentado su queja ante la Comisión de Derechos Humanos, la Contraloría y la Fiscalía General del Estado (783/M3/2014) contra quien resulte responsable.
Se alega que los abogados solicitaron el pago de $40 mil para la salida del Cereso de un joven con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y 33% de discapacidad cognitiva.
La organización sostiene que se les dijo que sabiendas de que no había pruebas suficientes para mantener preso al joven, por orden del juez primero de lo penal había que pagar esta cantidad por temor a que el joven atente contra su propia vida por sus circunstancias.
Los familiares decidieron dar el dinero pero la agrupación decidió grabar la conversación con una de las ahora acusadas, la cual deja en evidencia la forma tan nefasta de proceder ante los ciudadanos sin pesarles si son inocentes o culpables y cómo es que ellos, en el Instituto de la Defensa Pública, presuntamente reciben dinero "debajo del agua".
En el audio, la abogada denunciada presuntamente lamentaba la situación del pago, pero asegura que "son órdenes de arriba" añadiendo que lamentablemente contaban con 3 chicos más con discapacidad presos y que acaban de cobrarle la salida a otro.
"Es una vergüenza trabajar con este tipo de personas y peor que nuestras dependencias lo permitan, ya que la directora de esta misma dependencia ante esto sólo ha podido emitir una queja y un cambio de mesa a estas personas para evitar ser demandada por ellos mismos. Ya es necesario poner un alto", declaró la agrupación en su escrito. (JMRM)
La organización sostiene que se les dijo que sabiendas de que no había pruebas suficientes para mantener preso al joven, por orden del juez primero de lo penal había que pagar esta cantidad por temor a que el joven atente contra su propia vida por sus circunstancias.
Los familiares decidieron dar el dinero pero la agrupación decidió grabar la conversación con una de las ahora acusadas, la cual deja en evidencia la forma tan nefasta de proceder ante los ciudadanos sin pesarles si son inocentes o culpables y cómo es que ellos, en el Instituto de la Defensa Pública, presuntamente reciben dinero "debajo del agua".
En el audio, la abogada denunciada presuntamente lamentaba la situación del pago, pero asegura que "son órdenes de arriba" añadiendo que lamentablemente contaban con 3 chicos más con discapacidad presos y que acaban de cobrarle la salida a otro.
"Es una vergüenza trabajar con este tipo de personas y peor que nuestras dependencias lo permitan, ya que la directora de esta misma dependencia ante esto sólo ha podido emitir una queja y un cambio de mesa a estas personas para evitar ser demandada por ellos mismos. Ya es necesario poner un alto", declaró la agrupación en su escrito. (JMRM)
