martes, 1 de julio de 2014

julio 01, 2014
Opinión de JMRM

En menos de una década, Ciudad Caucel pasó de ser un concepto, un proyecto, al desarrollo habitacional más grande del estado, superando en población a muchos municipios de la entidad.

Con este crecimiento acelerado, Caucel ha experimentado en poco tiempo los problemas de cualquier ciudad nueva, principalmente la inseguridad por robos a casas habitación y embotellamientos en horas pico.

Conforme creció el fraccionamiento, tanto en viviendas como en infraestructura, aumentaron también los robos, y con ellos la intranquilidad y hartazgo de los vecinos de la zona.

La acción de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (SSP) se limitó, hasta hace poco, a la instalación de retenes de revisión y alcoholímetro en las salidas del fraccionamiento (carretera Mérida-Caucel x Periférico y calle 62, calle 59 x Periférico y calle 70 x Carretera Mérida-Tetiz) pero ahora, a petición de los mismos vecinos, será mucho más extensiva.

Aparte de seguir instalando sus retenes (que, cabe mencionar, no tienen relación alguna con el combate a la problemática de los robos ya que, según admite la SSP, la mayoría de los ladrones se desplazan en camión), los oficiales recorrerán las calles del desarrollo habitacional para vigilar y, aquí empieza el problema, pararán para revisar e interrogar a cualquier persona que les parezca "sospechosa" o que sea reportada por los vecinos como tal.

El pasado 28 de junio, vecinos de la zona protestaron por los robos a casa habitación (foto: JMRM)

Se ha creado una situación insoportable, de paranoia e intranquilidad ante la posibilidad de llegar del trabajo a un hogar saqueado, donde los vecinos ven esta medida ya ni siquiera como un mal necesario, sino como un bien, algo correcto y justo. Ninguno de ellos va a cuestionar que, como si se tratase de una zona en guerra o bajo estado de excepción (o ley marcial, como se le conoce en otros países), el solo hecho de estar en Ciudad Caucel sea motivo de sospecha y pretexto para que una persona sea privada de su libertad y obligada a rendir cuentas ante el Estado si no logra identificarse como vecino del rumbo.

Atraparán a varios ladrones, probablemente. Pero si los atrapan antes de que roben ¿cómo podrán determinar cuál fue una detención arbitraria e injusta y cuál una exitosa prevención? ¿cómo pueden perseguir un delito que no se ha cometido? Lo único que lograrán es que, tanto culpables como inocentes, tengan un motivo para acudir ante la Codhey y los medios y denunciar que fueron privados de su libertad y sometidos a malos tratos que, según admite un comandante de la SSP, son la norma.

¿Será posible que el gobierno permitiera de manera intencional que la situación en Caucel llegara a este nivel y que los vecinos tuvieran que salir a protestar para pedir a gritos las medidas que ellos desean imponer desde hace años? La mejor manera de implementar un Big Brother, un estado totalitario sin garantías ni libertades, es lograr que la misma ciudadanía lo exija.

Aparte de pedir que aumente la vigilancia policíaca, los vecinos bien podrían invertir, de manera individual o colectiva, en reforzar la seguridad en sus calles y predios, invirtiendo en cámaras de seguridad, rejas y sistemas de alarma.

Finalmente cabe recordar que Ciudad Caucel es parte de Mérida, Yucatán y México, donde existen, al menos en teoría, los derechos al libre tránsito y a no ser molestados, garantías plasmadas en nuestra Constitución. Al ser sus calles abiertas y públicas, no se le puede negar el derecho a ningún mexicano a recorrerlas ni se le puede tratar como delincuente por ese simple hecho.

"Aquéllos que pueden renunciar a la libertad esencial por conseguir una pequeña seguridad transitoria no merece ni la libertad ni la seguridad." — Benjamin Franklin