domingo, 20 de julio de 2014

julio 20, 2014
Ernesto Guerra de la Peña

El derrumbe ocurrido hace una semana en la calle 54 entre 65 y 67, en un comercio del Centro Histórico, jamás será olvidado por los ciudadanos no sólo por el hecho de haber sido un accidente que dejo ocho lesionados y que pudo acabar en tragedia, sino también porque fue una enseñanza para los funcionarios del gobierno del Estado por no prever los hechos ni reaccionar después de lo sucedido.

Foto: @Treinta_Cinco

Unos días después del derrumbe, el director de Protección Civil estatal, Aarón Palomo Euán, emitió un comunicado en el que afirmó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no permitía hacer remozamientos en las casonas del Centro, ya que la mayoría de los edificios en peligro de derrumbarse son antiguos y no se pueden tocar.

Estas declaraciones pusieron al INAH como una institución incompetente y la hizo quedar como limitante para no reparar los 500 edificios que se encuentran en peligro de derrumbarse. Las respuestas del instituto ante estas declaraciones fueron claras, como lo mencionó el vocero de ese organismo, Erick Manzanilla: “El INAH no pone como prioridad un inmueble antes de la vida de un ser humano”, invitando a que se invierta en los edificios para su adecuada conservación.

Éste es un claro ejemplo de una declaración equívoca de Aarón Palomo Euán, que pudo poner en riesgo la relación del gobierno actual y una institución que ha aportado grandes cosas a la preservación cultural de nuestro Estado.

Vayamos unos años atrás cuando el PRI tenía en sus manos la alcaldía de Mérida. En sus últimos años como alcaldesa, Angélica Araujo Lara propuso un plan de rescate integral del Centro Histórico, proyecto que sólo tuvo como prioridad las estructuras cuyos vértices principales eran la ex Penitenciaría Juárez, el antiguo Hospital O’Horán, la S. I. Catedral, el Palacio de Gobierno y el teatro “José Peón Contreras”; lo grave del caso fue que se excluyó un gran número edificaciones, entre ellas el comercio colapsado y los 200 predios que se encuentran en peligro de caer.

A unos días del accidente, los comerciantes afectados se preguntan quién pagará los daños del derrumbe. Con la actitud de los representantes del gobierno y una Fiscalía que aún no ha aparecido, parece que las respuestas a los ciudadanos tardarán en llegar.

Por otro lado, se ha visto a varios funcionarios del Ayuntamiento y del INAH trabajando en la zona en procesos para dar mantenimiento a los tres predios aledaños al derrumbe.

Es necesario que el gobierno trabaje con el INAH y con el Ayuntamiento para que las soluciones sean satisfactorias.

También, es importante que los propietarios de los edificios históricos cumplan los nueve requisitos del INAH para que las edificaciones se puedan remozar.

La mesa de coordinación propuesta por el secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, no debe demostrar cuál es mejor partido, sino tener el objetivo de proporcionar la protección y seguridad que merecen sus ciudadanos, además de preservar la historia y la cultura de nuestra ciudad.