viernes, 16 de mayo de 2014

mayo 16, 2014
MÉRIDA, Yucatán, 16 de mayo.- Tres organizaciones civiles presentaron esta mañana un oficio promoviendo una acción por omisión legislativa o normativa debido a la falta de disposición del Congreso del Estado para legislar en pro de las parejas homoparentales.

Encabezaron la rueda de prensa Amelia Ojeda Sosa (Unasse), Carlos Méndez Benavides (Oasis San Juan de Dios) y Carlos Luis Escoffié Duarte (fotos: JMRM)

La acción fue presentada ante el H. Tribunal Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán y es promovida por María Cristina Muñoz Menéndez, Carlos Renán Méndez Benavides y Sandra Noemí Peniche Quintal, representantes legales de las ACs Indignación, Oasis San Juan de Dios y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse).

Tras presentar el oficio, representantes de las tres agrupaciones realizaron una rueda de prensa a las puertas del Congreso, donde Escoffié Duarte explicó que esta acción tiene como fin brindar protección legal a las parejas homosexuales en su carácter de familia.

"En esta demanda, presentada en vísperas del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, se manifestó el incumplimiento de las obligaciones legislativas ordenadas en la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", indicó el abogado.

"Hacemos un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para proteger a la familia, toda vez que la actual legislación mantiene en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a las familias compuestas por parejas homosexuales, negándoseles sistemáticamente los distintos derechos civiles y sociales- Denunciamos que existe actualmente un estado de cosas inconstitucional en Yucatán que debe ser corregido, situación que el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán se encuentra facultada para corregir", concluyó.

"Consideramos que este trabajo de las tres organizaciones -Unasse, Oasis e Indignación- va encaminado a avanzar en el tema de los derechos humanos", declaró Amelia Ojeda Sosa.

Las organizaciones criticaron duramente la falta de disposición del legislativo estatal para legislar en pro de las familias homoparentales.

"Es una forma de utilizar los recursos que la propia ley y que las propias instituciones han establecido. Nosotros creemos que todo debe realizarse dentro de un marco de derecho porque es importante que las autoridades asuman sus obligaciones y realmente reconozcan y protejan el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, en este caso de las parejas homosexuales y las familias homoparentales", añadió la abogada.

"En vísperas del Día Nacional en Contra de la Homofobia no es posible que la legislación siga siendo discriminatoria y dejando fuera del ejercicio de sus derechos y de la protección de los mismos a un grupo de la sociedad que también tiene todo el derecho de formar su familia, tener seguridad social, acceder a servicios de salud familiares, a créditos de vivienda, a toda la seguridad y beneficios que se les otorgan a las parejas y las familias heterosexuales desde un punto de vista tradicional. Estas garantías son para todas las personas en una sociedad", sentenció.

"El Estado se ha rehusado, ha entrado en desacato", indicó Carlos Méndez Benavides, quien recordó que México está obligado por acuerdos y tratados internacionales a legislar en esta materia y describió la acción promovida por las tres agrupaciones como un acto histórico.

"El Congreso es totalmente discriminatorio, homofóbico. Es claro que sólo vienen a hacer intereses particulares de cambios de uso de suelo para fraccionamientos y no para derechos de las personas. Es un Congreso totalmente ajeno a los derechos sociales y culturales", acusó el activista.

"Tiene que ser parejo el techo constitucional. El paraguas no puede estar roto", comentó Méndez Benavides tras su intervención.

"Del 2012 hay una iniciativa en el Congreso que no ha avanzado, precisamente para hacer las modificaciones que hoy día se exigen por vía constitucional. Es la primera vez en la historia del país que se utiliza un mecanismo constitucional estatal para exigir este tipo de reformas", recordó Carlos Escoffié.

Finalmente, el representante del Oasis San Juan de Dios indicó que esperan que el proceso sea resuelto en menos de un año. (JMRM)