HUELVA, España, 23 de abril.- Frente a frente. Aunque parezca mentira, así es como viven víctima y agresor sexual, pese a que este último «debería estar en la cárcel desde hace tiempo», según la abogada de la acusación. Condenado a dos años de prisión por abusar de una menor que entonces tenía ocho años, J. V. C. no sólo sigue en libertad, sino que vive enfrente de la niña, que se ve obligada a cruzarse con él a diario. Sucede en el barrio del Torrejón, en Huelva.
Apenas una carretera separa las dos viviendas. El «pederasta» (o pedófilo)-«hay que llamarlo así, porque existe una condena y él mismo se mostró conforme con los hechos», insiste la madre de la menor- tan sólo tiene que asomarse a la ventana para ver a la niña, que vive a escasos metros. «Tuve que cambiar la orientación de la cama de mi hija para que no fuese lo primero que ve cuando se levanta por las mañanas», explica la madre, que prefiere mantenerse en el anonimato «para evitar que identifiquen a mi niña».
Fue ella la que descubrió estos abusos cuando su hija tenía ocho años -ahora tiene 11-. A él, cuñado de su marido -tío político de la niña, por tanto-, lo tenían acogido en su casa de Cartagena, donde todos se habían trasladado durante una época para trabajar. La madre llegó una tarde pero él no se percató, y entonces lo presenció todo: una escena dantesca que no se podía creer. «Me quedé bloqueada y estuve a punto de desmayarme. No se lo dije en ese momento a mi marido porque temía que hiciese una locura. Esperé a estar en Huelva, donde volvíamos a los pocos días; le pregunté a mi hija y se lo conté a mi marido. Desde entonces venimos sufriendo un calvario».
Y es que desde entonces han pasado tres años, pero el agresor no sólo no ha puesto un pie en prisión, sino que además quebranta sistemáticamente la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la niña o de sus padres; una orden según la cual, de hecho, no debería vivir donde vive.
J. V. C. fue condenado en 2012 a dos años de prisión y a «libertad vigilada durante seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, con prohibición de aproximarse a la víctima y a sus padres y de comunicarse con ellos por cualquier medio durante dicho plazo». Tal y como ha señalado a EL MUNDO la abogada de la acusación, María Teresa Largo, «pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en prisión, en los últimos meses ha acumulado otras por quebrantamiento de la orden de alejamiento, por lo que ya debería estar en la cárcel. Eso es lo que venimos exigiendo, pero la saturación de la Justicia hace que se den situaciones tan inverosímiles como ésta».
«¡Que yo me tenga que cruzar todos los días con un pederasta que abusó de mi niña! ¡Que mi hija de 11 años no pueda ni salir sola a la puerta de la calle! ¡Que no apruebe ni una asignatura desde hace tres años! ¡O que estemos las dos en tratamiento psicológico! ¿A eso hay derecho? ¿Es esto la Justicia?», se pregunta la madre de la víctima, desesperada. «Este hombre tiene ya sentencias firmes que lo condenan, en total, mínimo a tres años de cárcel, pero aquí nadie hace nada y los que lo tenemos que ver todos los días asomado a la ventana somos nosotros».
Una situación 'insostenible'
La madre de la menor denuncia que la situación es «insostenible», pues el caso ha dividido a la familia -«hay gente, hermanos de mi marido que, pese a las sentencias, no nos ha creído»- y los enfrentamientos son continuos. «Cuando no nos cruzamos con uno, nos cruzamos con otra», relata. «Yo siempre he intentado mantener la calma por la niña, para que no se dé cuenta y pueda seguir adelante. He tratado que no vea las peleas ni cómo nos increpan para que no sufra todavía más. De hecho, por ella, porque me lo recomendaron, llegamos a un acuerdo de conformidad [en su escrito inicial, la acusación particular solicitaba nueve años de prisión], para evitar que la niña tuviera que comparecer y volviese a revivirlo todo».
Por este acuerdo el acusado reconocía parte de los hechos, confirmando que habían existido abusos. Así, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, J. V. C., «a principios del año 2011, con la intención de obtener placer-satisfacción sexual y aprovechándose de la confianza que tenía con la sobrina paterna de su esposa [...] aprovechó al menos una ocasión en que se quedó momentáneamente a solas con aquélla para, por encima de la ropa acariciarle el pecho, las nalgas y sus genitales, besarla en la boca, sacarse el pene y masturbarse en su presencia, así como hacerle diversos comentarios de índole sexual inapropiados para su edad».
Según recoge esta misma sentencia, la víctima no sufrió lesiones físicas de gravedad, pero «a consecuencia de los hechos presenta sentimientos de vergüenza y culpa y rechazo al acusado».
Sentimientos que difícilmente puede dejar atrás en las circunstancias en las que se ve obligada a vivir. «Mi hija quiere hacer lo que hacen las demás niñas de su edad. Me pregunta que por qué no la dejo ir al cole sola, como hacen ellas, y está angustiada porque piensa que vivimos en un barrio peligroso». Un barrio que aún no han abandonado porque no tienen recursos; «aunque llevo un tiempo tratando de vender la casa para poder irme». (María Carmona / El Mundo)
