Historias de reportero / Carlos Loret de Mola Álvarez / 20-II-14
El expediente estuvo listo desde octubre del año pasado, pero en el gobierno federal consideraron que no era el momento político para proceder.
La Procuraduría General de la República, ayudada por las secretarías de Hacienda y del Trabajo, logró integrar una serie de acusaciones contra el empresario Gastón Azcárraga, ex propietario de la aerolínea Mexicana de Aviación.
Según me revelan fuentes de primer acceso, en el gobierno federal decidieron “aguantar” el caso porque no deseaban contaminar con una noticia de tal tamaño las negociaciones de las reformas estructurales. Era lógico que la acción judicial contra uno de los empresarios más polémicos y acaudalados de México ocuparía todos los espacios públicos.
La indagatoria contra Gastón Azcárraga se inició en el sexenio de Felipe Calderón, al poco tiempo de que dejó de operar su aerolínea Mexicana de Aviación, en agosto de 2010.
Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo (el asunto fue primero una bronca laboral) y hoy senador panista, topó rápido con pared porque el empresario habría realizado una de esas consideradas “jugadas maestras” en el mundo del dinero: un día antes de que tuvieran que ser aprobados los estados financieros —que contenían una serie de irregularidades en la exhibición de información a las autoridades y los accionistas—, los dueños se habrían separado de sus posiciones para no validar los documentos que los hubieran incriminado, dejando en sus lugares a sus segundos de a bordo para que ellos firmaran.
En la recta final de 2011, el gabinete calderonista, concretamente su equipo en Hacienda, pensó tener una oportunidad para traer a cuentas a Gastón Azcárraga, echando mano de supuestas irregularidades fiscales, denuncias de accionistas minoritarios y demandas de pilotos y sobrecargos por malversación de cuotas sindicales. Pero no sucedió mayor cosa.
Durante todo ese lapso, se publicó que una treintena de grupos de presuntos inversionistas “mañana” depositarían millones de dólares. El mañana sigue sin llegar.
Hace unas horas, en el actual gobierno federal consideraron que ya era momento.
La PGR obtuvo una orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga y solicitó a la Interpol capturarlo, para lo cual se activó una ficha roja alertando a 190 países con la foto y datos generales del empresario (a fines del año pasado, los órganos de inteligencia federales recibieron información en el sentido de que se escondía en Estados Unidos).
Si el régimen Peña logra su aprehensión mandará otro fuerte mensaje de poder, equivalente al de hace un año —26 de febrero de 2013—, cuando arrestaron a Elba Esther Gordillo, en ese momento dirigente del sindicato de maestros.
La comparación con el arranque de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari será inevitable: entonces, con un mes de diferencia, fueron contra el líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina y el empresario financiero Eduardo Legorreta Chauvet.
