Historias de reportero | Carlos Loret de Mola Álvarez | 19-II-14
Eran cerca de las dos de la madrugada en Cuernavaca, Morelos, cuando un enjambre de motocicletas —la versión policiaca habla de doscientas— se le apareció a un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El inusual y amenazante despliegue se puso peor unas semanas más tarde. El mismo personaje, el director de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Benito Neme Sastré, fue objeto de una balacera con persecución:
Circulaba sobre la autopista México-Cuernavaca, ya con escolta tras el incidente de las motos, cuando un vehículo se le cerró a la altura de Tres Marías. Fue un enfrentamiento con armas largas y blindajes.
En la Procuraduría General de la República (PGR) recibieron noticia de ambos hechos. Los atribuyeron a una investigación que inició desde febrero del 2013 pero se hizo pública hasta ahora, un año más tarde:
Se solicitaron órdenes de aprehensión contra trece personas por un fraude al erario que alcanza los 360 millones de pesos.
Funcionarios de Capufe y coyotes que operaban desde afuera de la nómina oficial, están acusados de pedir mordida a cambio de otorgar contratos de obras carreteras… inexistentes: la compañía constructora pagaba el soborno por adelantado y recibía unos papeles con cara de verdaderos pero sin ningún sustento legal; y como todo había sido chueco, ni a quién reclamarle.
Según fuentes en la PGR y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, decenas de empresarios fueron timados en los años 2009 a 2012, pagaron una mordida de entre 1 y 10% del monto del contrato, y muchas veces recibieron amenazas telefónicas con datos de sus vidas privadas —citas de su agenda, actividades de su esposa, colegios de sus hijos— para que dieran su dinero por perdido.
La PGR logró establecer una trama financiera que incluye el manejo de 65 cuentas bancarias en 20 estados del país. Una complejidad al estilo de la delincuencia mejor organizada.
Hasta este momento, el funcionario de más alto rango para el que se ha solicitado y girado orden de aprehensión es José Ignacio Mojica Barranco, quien se desempeñaba como superintendente de grúas en Capufe.
Sin embargo, en el gobierno federal piensan que, por la dimensión del presunto fraude, el asunto puede llegar más arriba.
Está en la mira Tarcisio Rodríguez Martínez, quien fue director de Capufe en los años de esta maquinación. Dejó el cargo cuando fue llamado a Los Pinos para ser secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En su lugar quedaron al frente de Capufe, durante la recta final del sexenio pasado, sus dos brazos operadores: Agustín Muciño Martínez y Guillermo Castillo Caballero, quienes están también en los expedientes de la PGR, que tampoco ha actuado contra ellos ante el Poder Judicial.
En el actual gobierno no se explican cómo nadie se dio cuenta de algo que ellos tardaron un par de meses en descubrir.
El asunto tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos escándalos.
