viernes, 13 de diciembre de 2013

diciembre 13, 2013
QUINTANA ROO, México, 13 de diciembre.- La tarde del martes 10 de septiembre, Jorge Leyva y su novia Jennifer Martínez se trasladaban a una empresa de mensajería, en la periferia de la ciudad, cuando fueron interceptados por elementos de la Policía Judicial (PJ).

Jorge Leyva Uscanga, detenido arbitrariamente y torturado por la policía.

Sin mayor explicación, la pareja fue detenida y encarcelada en los separados de la PJ, bajo cargos de “ultrajes a la autoridad”.

Durante 48 horas, que permaneció en los separos de la corporación, Jorge fue sometido a tortura, incluida la amenaza de que Jennifer sería violada frente a él.

Dos días después, Leyva Uscanga ya estaba preso luego de ser puesto a disposición del juez segundo penal Pedro Pablo Álvarez, acusado de pertenecer a una peligrosa banda de ladrones y cuyo atraco más relevante habría sido un robo a casa-habitación, en agravio de María Concepción Garfias López, ocurrido el 13 de agosto, casi un mes antes de que Jorge fuera aprehendido.

Sus padres, Clara Isabel Uscanga Lara y Jorge Andrés Leyva Villa, inmigrantes procedentes del puerto de Veracruz y con 18 años de residir en Cancún, acudieron esta tarde a visitar a su hijo en la cárcel estatal, en donde aún exhibe las huellas de la fuerte tortura a que fue sometido en los separos de la PJ.

“Aún tiene una inflación en el cráneo”, refiere Clara Isabel.

“En esta cárcel, casi todos los presos son culpables porque son confesos. Con torturas, los encuentran culpables”, lamenta la mujer.

También afirma que el caso de su hijo es peor que del joven Christian Vicente Córdoba, quien fue detenido y estuvo casi tres meses en la cárcel, relacionado con el asesinato de un administrador de una “casa de masajes” únicamente porque vestía un suéter rojo, que fue la seña que dio una de las testigos del homicidio.

Pero Uscanga Lara sostiene que no hay indicios que pudieran llevar a que su hijo participó en el robo del domicilio de la Supermanzana 2A.

El padre del detenido explicó que la descripción que dio la agraviada fue que el ladrón media 1.70 metros y pesaba unos 110 kilogramos y tenía un tono de voz “de chilango”, aparte de que estaba acompañado por otro sujeto, con acento extranjero.

Sin embargo, abundó, “mi hijo mide 1.80 y pesa como 80 kilos, y lo detuvieron casi un mes después del robo y no tiene ese acento”.

Jorge Andrés Leyva acusa que su hijo es un “chivo expiatorio” y se le capturó culpable al “azar”.

“Lo agarraron porque pasó enfrente de los judiciales”, sostiene.

La novia de Jorge salió libre bajo fianza de los cargos de ultrajes a la autoridad, pero el joven de 25 años es acusado de robo calificado.

Clara Isabel Uscanga sostiene que ha presentado al juez testimonios y constancias escritas de que el día del robo, que ocurrió alrededor de las diez de la mañana, su hijo se encontraba en una agencia de viajes, en donde lo habían citado para informarle que habían aceptado su solicitud de empleo y, además, recibió un curso de inducción.

“El estuvo en la agencia de viajes desde las nueve de la mañana hasta el mediodía”, sostiene la mujer.

Y lo más grave, manifestó Uscanga Lara, es que ya acreditaron a plenitud la inocencia de su hijo, pero el juez ha diferido la audiencia para dictar la sentencia.

“La pospuso y no sabemos para cuándo saldría libre”, lamenta.

También cuestiona que en la PGJE se proporcionara al joven un “coyote” como abogado, René Matus Cervera, quien aceptó la confesión de Jorge.

Y también descalifica el desempeño de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que se limitó a preguntar a la PJ si se había torturado al joven, y la respuesta de la corporación fue negativa, con lo que el ombudsman cerró su investigación.

El miércoles 11, familiares y amigos realizaron una protesta frente la sede del palacio de gobierno, en donde Víctor Viveros, representante del gobernador Roberto Borge en la zona norte, ofreció la intervención del Ejecutivo estatal.

Jorge ya había encontrado trabajo y esperaba acabar sus estudios en la Universidad del Caribe y, ahora, su futuro depende de la carga de trabajo del Juez, lamentan Jorge Andrés Leyva y Clara Isabel Uscanga. (Sergio Caballero para Proceso)

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