BAJA CALIFORNIA, México, 21 de diciembre.- En Baja California, la Asociación de Periodistas Universitarios (APU) exhortó al Congreso local a derogar la Ley de Protección a Periodistas y cancelar la designación de recursos al consejo que administraría un fondo de 6 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2014.
La postura de esta organización de periodistas se basa en la convocatoria del gobernador Francisco Vega de mantener un presupuesto austero y, sobre todo, porque consideran que dicha ley “merece una reevaluación en temas de transparencia y rendición de cuentas, además de protocolos de seguridad cuando los trabajadores de la comunicación vean en riesgo su integridad física y la de sus familias”.
También solicitaron rechazar la asignación de 6 millones de pesos al Fondo de Protección Social de Periodistas, el cual será manejado por un consejo y cuyos recursos servirán para otorgar préstamos y servicios médicos privados a reporteros inscritos en una lista, en la cual se encuentran registrados funcionarios, empresarios y hasta un exlegislador, toda vez que la asignación de recursos públicos genera un espacio de riesgo en la libertad de los comunicadores para expresar sus críticas y la de sus fuentes hacia el ejercicio gubernamental.
Recordaron que Vega de Lamadrid declaró a un medio de comunicación estadunidense su respaldo a otorgar los apoyos necesarios para el ejercicio de los periodistas dentro de las posibilidades legales del Poder Ejecutivo, por lo que señalaron que “la mejor estrategia es invitar a los propietarios de los medios de comunicación a pagar salarios dignos y contratos apegados a las prestaciones de ley”.
La APU indicó que el secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Antonio Valladolid, presentó en el proyecto de Ley de Ingresos para 2014 un crédito de 2 mil 800 millones de pesos, el cual se sumaría a la deuda pública de 14 mil millones de pesos actual, con la finalidad de nivelar los libros contables del Poder Ejecutivo sin aumentar impuestos, a partir de un gobierno austero, con recorte de gastos y un plan de retiro voluntario.
Por ello, agregó, la organización gremial sostuvo que al omitirse la asignación de recursos públicos al Consejo de Periodistas permitiría al Poder Ejecutivo avanzar en la meta de austeridad y saneamiento financiero. (Antonio Heras para Proceso)
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