lunes, 16 de diciembre de 2013

diciembre 16, 2013
QUINTANA ROO, México, 16 de diciembre.- El secretario del ayuntamiento, José de la Peña, dio a conocer que una docena de exfuncionarios municipales de la anterior administración –la del perredista Julián Ricalde– se encuentran implicados en un presunto quebranto patrimonial por más de 600 millones de pesos.

Los ex funcionarios de la administración de Ricalde están siendo investigados por presuntos actos de corrupción.

En rueda de prensa, el funcionario municipal explicó que dicho quebranto ocasionó que la deuda del municipio se disparara hasta los mil 999 millones de pesos.

“Estamos hablando de 12 funcionarios de alto nivel y otros directores de área que están totalmente ubicados. Todos tienen expediente en Oficialía Mayor y, en proceso de entrega-recepción, fueron notificados de que tenían que comparecer”, dijo el titular de la Contraloría municipal, Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez.

De la Peña advirtió que en caso de que no sean solventados los faltantes se procederá penalmente contra los responsables.

“Todos, cada uno de los responsables, tienen nombre, pero nosotros no podemos manejarlos porque hay muchos, pero ya han sido llamados por la Contraloría para que vayan solventando cada una de las observaciones y, por supuesto, en caso de que no sean solventadas, se procederá a interponer demandas por la vía penal o por la vía administrativa, según lo considere la Contraloría”, aseguró.

De la Peña Ruiz de Chávez y Alonzo Rodríguez, entre otros funcionarios, también dieron a conocer el resultado de la revisión preliminar del proceso de entrega-recepción, al cumplirse los 60 días que marca la ley para formular “observaciones”.

Según el reporte, el anterior ayuntamiento dejó una deuda a corto plazo por más de 667 millones de pesos.

De esta manera, precisaron los funcionarios, la deuda bancaria y a corto plazo asciende a unos 999 millones de pesos.

“La realidad de la deuda es que fue incrementada en detrimento del patrimonio del municipio”, acusó De la Peña.

Entre otras irregularidades, el contralor detalló el desvío en la supuesta compra de material eléctrico, por unos 9 millones 726 mil pesos.

También destacó que el ayuntamiento anterior retuvo 11 millones de pagos de créditos y seguros de trabajadores municipales, sin embargo, no los enteró a las empresas prestamistas y aseguradoras.

Por otra parte, también señalo que el ayuntamiento dejó de pagar 20 millones de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que la paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) acumuló una deuda por 63 millones de pesos.

De igual forma, destacó que se emplearon 5 millones 712 mil pesos del Subsidio de Seguridad para los Municipios (Subsemun) para el programa de útiles escolares gratuitos.

En otro orden, acusó que “por omisión de la autoridad anterior” el municipio perdió recursos federales de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos que suman 57 millones 429 mil 247 pesos, así como otros 25 millones del Fondo Metropolitano. (Sergio Caballero para Proceso)

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