MÉXICO, 12 de diciembre.- Desde el pasado 11 de noviembre el mayor Francisco Pérez Chávez está en huelga de hambre en protesta contra la violación a sus derechos humanos. Preso desde 2008 en Mazatlán, el militar tomó esa medida para llamar la atención sobre su caso: alega que lo condenaron a 25 años de cárcel sin prueba alguna, violando todas sus garantías, porque se atrevió a señalar a altos mandos castrenses como cómplices del crimen organizado. Su asunto sigue sin ser revisado e incluso la CNDH decidió mirar para otro lado cuando se le pidió su ayuda.
Por la ineficacia de la huelga de hambre que ha sostenido desde el pasado 11 de noviembre y ante el inminente riesgo de sufrir un coma diabético, el mayor Francisco de Jesús Pérez Chávez –recluido desde enero de 2008 en la prisión militar de Mazatlán acusado de “delincuencia organizada”– ha pensado en ponerle fin a su ayuno.
Días antes de iniciar su protesta había denunciado al juez de la III Región Militar, coronel Carlos Méndez Donato, por delitos contra la administración de la justicia y, por ende, por privación ilegal de la libertad.
Tras varias solicitudes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que interviniera, al segundo día de su protesta recibió en la prisión militar a Víctor Sánchez, de la Tercera Visitaduría.
El encuentro fue infructuoso: el representante de la CNDH se negó a conocer del caso y a levantar una queja por violación a sus derechos humanos y garantías individuales; argumentó que estaba impedido de intervenir por tratarse de un asunto meramente jurisdiccional.
El 11 de noviembre, en un documento enviado al director de la Prisión Militar Número 5, Pérez Chávez le informó del inicio de su protesta contra la política del gobierno federal de violar sus derechos humanos al mantenerlo “ilícitamente” preso seis años sin fundamento alguno, razón por la cual se declaró “preso político”.
“He recurrido al propio Tribunal Federal en aras de que se restituya ese derecho primordial que es la libertad. He perdido familia, se ha menoscabado gravemente mi salud y las autoridades federales y militares se han coludido para alargar más aún ese injustificado proceso penal que se me sigue”, expuso en el texto
Ese mismo día la mayor Ana Soledad Martínez Pérez hizo de su conocimiento el riesgo de emprender el ayuno: “Actualmente presenta diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y gota con buen control; sin embargo la situación que ha decidido llevar a cabo lo predispone a descontrol metabólico”.
Al siguiente día el director de la prisión, el general Rogelio Carlos Nophal Balderas, con el oficio 11953 le informó que por instrucciones de la Dirección General de Justicia Militar diariamente se realizaría la videograbación del trato otorgado por el centro penitenciario y le advertía que debía seguir los recursos legales que la ley le confería para su proceso, pues dicha actitud (de ayuno) ponía en peligro su salud.
Demanda juicio al juez
En la historia del Ejército ésta es la segunda vez que un militar se declara en huelga de hambre.
El primero en hacerlo fue el teniente coronel Hildegardo Basilio Gómez, quien en abril de 2007 protestó así contra los abusos cometidos por la justicia militar.
Y en contraparte es la primera ocasión en que un juez militar enfrenta responsabilidad jurídica por omisiones cometidas en su actuar judicial.
En su denuncia presentada el pasado 6 de noviembre –cinco días antes de iniciar la huelga de hambre– contra el juez Méndez Donato, Pérez Chávez expuso ante el procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez:
“Desde el 26 de enero de 2008 fui privado ilegalmente de mi libertad en mi centro de trabajo (…) en la Novena Región Militar con sede en Culiacán, Sinaloa; desde entonces he sido sujeto a un proceso penal plagado de violaciones a mis derechos humanos y a mis garantías individuales. Quedé a disposición del juez séptimo de Distrito del Ramo Penal de Guadalajara, Jalisco, quien se declaró incompetente.
“Después de más de ocho meses que tardó en resolverse un conflicto competencial, con fecha 3 de julio de 2008 se radicó mi proceso ante el juez cuarto de Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa, iniciando la causa penal 99/2008-1, por lo que, una vez agotada ésta y declarado visto el proceso, con fecha 30 de noviembre de 2011 se me dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión, igual que a mis compañeros”, continúa.
“Inconformes, hicimos valer el recurso de apelación. El 17 de mayo de 2012 el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del toca penal número 85/2012, declaró insubsistente la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, indicándose específicamente las pruebas a desahogar.
“Inconformes con dicho fallo, mis coprocesados Humberto Solís Galicia y Humberto Ramírez López Cornejo interpusieron el juicio de garantías número 49/2012 ante el Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, el cual el 9 de noviembre de 2012 negó el amparo. En desacuerdo, interpusieron el recurso de revisión, que fue resuelto a su favor, teniendo como resultado que el Juzgado Cuarto de Distrito declinó la competencia a favor del juez militar adscrito a la Tercera Región Militar de la Sedena, remitiendo el expediente original.
“Posterior a esto la misma autoridad, por auto de fecha 22 de julio de 2013, dicta un acuerdo en atención al telegrama con número de folio 264699 remitido por el juez militar adscrito a la Tercera Región Militar, hace del conocimiento que el día 11 de junio del año en curso aceptó la competencia por razón del fuero en la causa penal 99/2008-1 y en la que dicho juez militar le solicita ordene el traslado del suscrito y de mis coprocesados al lugar de residencia de dicho juez militar.
“Así las cosas, desde el 10 de septiembre del presente año me encuentro recluido en la Prisión Militar de la ciudad de Mazatlán.”
El juez militar, afirma Pérez Chávez, “además de admitir la competencia que me tiene a su disposición desde el 11 de junio del año en curso, radicó el expediente bajo el número 426/2013. Por constituir actuaciones declaradas insubsistentes por el Juzgado Cuatro, que declinó, todo el expediente debió remitirse al archivo; sin embargo, sin fundamento alguno, ordenó extraer los autos de formal prisión de los tomos IX, X y XVII, dictados en contra de los procesados.
“Por cuanto hace al mío, integrado en el tomo IX, ha sido agregado al expediente de manera ilegal. El actuar comisivo de delito del juez militar denunciado consiste en que éste debió (…) declarar insubsistente el auto de plazo constitucional dictado por el Juzgado Cuarto y dictar un nuevo auto de formal prisión. Además debió tomar la declaración preparatoria a todos los procesados precisamente por haberse decretado insubsistente todo lo actuado, lo cual, a la fecha no ha hecho.
“Con lo anterior se evidencia que el juez denunciado ni siquiera ha entrado al estudio mínimo de nuestro caso, pues me quiere procesar con pruebas que, además de resultar ilícitas, fueron valoradas por una autoridad incompetente de manera ilegal.
“Ante la falta del dictado en términos legales del auto de plazo, me tiene ilegalmente privado de mi libertad; por ello solicito se investigue y se integre la averiguación y en el momento procesal oportuno se consigne al juez Carlos Méndez Donato.”
–¿Cuándo presentó la denuncia contra Méndez Donato? –se le pregunta a Pérez Chávez.
–Mi hermana María Elena la presentó el 6 de noviembre en la Procuraduría General de Justicia Militar y no me la han traído para ratificarla, a pesar de que es una obligación de la autoridad ponérmela a la vista de inmediato para ver si la ratifico o no. Quizás el general Salvador Cienfuegos Zepeda (secretario de la Defensa Nacional) intenta cubrir la negligencia del juez.
La CNDH se lava las manos
“Yo realizaba aseguramientos y detenciones ordenados por el general de división Roberto Miranda Sánchez, comandante de la III Región Militar. El general (Rolando) Hidalgo Eddy había estado en Sinaloa en 2006, luego lo mandaron a Rusia y regresó al año con la promesa de detener al Chapo; sólo que no cumplió y puso de pretexto que hubo fuga de información. Como yo era su enemigo, me puso como chivo expiatorio”, cuenta Pérez Chávez.
En 2008 se dio el rompimiento entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
–¿El general Hidalgo apoyaba a algún cártel?
–Trabajé con el general Miranda en Chihuahua y Coahuila y siempre atacó a todos los grupos delictivos. Los resultados están documentados. Yo indagué el general Hidalgo Eddy porque él fue quien me señaló para que me enviaran a prisión, y lo que pude investigar fue que él apoyaba al Chapo.
La hermana de Pérez Chávez presentó una queja por escrito a la CNDH. No la aceptaron porque era un asunto jurisdiccional.
“Hablé por teléfono con el director de quejas de la Tercera Visitaduría, lo amenacé con acudir a los medios si no me hacían caso. A los dos días mandó al visitador Víctor Sánchez Rivas, platicó cuatro horas con cada uno de nosotros y al final dijo lo mismo, que era un asunto jurisdiccional y que no podían intervenir”, asegura Pérez Chávez.
“Le dije: ‘Los casos de Jorge Hank Rhon o la francesa Florence Cassez también eran jurisdiccionales y la CNDH intervino’. No dijo nada.”
El visitador, señala el mayor, todo el tiempo estuvo acompañado por personal de la División de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa.
“Le dije. ‘¡Pero cómo, licenciado!, si esto es una violación a nuestros derechos humanos, estamos privados ilegalmente de nuestra libertad y es una facultad, una obligación de ustedes preservar los derechos humanos de acuerdo con el artículo 1 constitucional. Hace cinco días hablé con el mismo visitador y en forma grosera me dijo que no es un asunto que les atañe y que le hiciera como quisiera. Le pedí hablar con el presidente de la Comisión, pero me dijo que no me iba a dar el teléfono, que lo investigara en el conmutador.”
Sin éxito hace cinco años el mayor también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ausencia de pruebas
Cesar López Carrillo, abogado de los tenientes Humberto Solís Galicia y Humberto Ramírez López Cornejo, detalla a Proceso la inexistencia de las pruebas con las cuales condenaron a su cliente:
En enero de 2008 en una camioneta perteneciente a Alfredo Beltrán Leyva, dice el abogado, “se hallaron tres maletas, una negra, una beige y una roja” (Proceso 1931).
“Según consigna el acta del 21 de enero de 2008, la maleta negra trae relojes Rolex, cadenas y otras cosas valiosas; la roja trae casi 1 millón de dólares y la beige dicen que diversos documentos. (…) Hasta ahí queda la puesta a disposición.
“Indebidamente, el día 24, tres días después, el Ministerio Público inventa una prueba, se autoenvía una fe ministerial sobre la maleta beige, en la que dice que también apareció un portafolios pequeño color azul y supuestamente en éste hay tres cosas que inculparían a los detenidos: una libreta, que no existe pues el MP sólo muestra unas hojitas en que pusieron una larga lista de nombres, entre ellos los de los militares presos.
“También dicen que hay un casete con una grabación donde el mayor Pérez Chávez platica con Beltrán Leyva para darle cierta información.
“La tercera cosa inexistente es que señalan que había una memoria USB que traía una persona que agarraron en Baja California y que esa memoria traía información de diversos operativos que el Ejército realizaba. Esa memoria jamás ha sido encontrada ni obra en los procedimientos.”
El abogado explica que para suplir esa anomalía el juez ordenó que se extrajeran los archivos de la computadora de la cual pudo haber salido el contenido de la memoria USB inexistente.
“A partir de esa pruebas mis clientes tienen seis años presos”, dice.
“Ya se probó toda la infraestructura del Estado: del fuero común federal, juez de distrito, juez unitario en apelación, tribunal colegiado en amparo y tribunal colegiado en revisión; ahora la justicia militar, y hasta hoy el Estado mexicano no ha tenido materia legal para mantenerlos detenidos. Las familias ya no tienen dinero porque de manera ilegal les suspendieron sus haberes a los militares. En México a nadie le importa su cuestión económica ni legal. La impunidad reina en este país”, afirma.
–¿Por qué se les involucró? –se le pregunta al abogado.
–Los militares fueron chivos expiatorios porque personas del alto mando están involucradas en el narcotráfico: el general Hidalgo Eddy, a quien mencionaba el mayor Pérez Chávez.
“Se ganó el asunto para que se iniciara la investigación castrense, pero se reinició con los mismos datos del fuero ordinario, lo cual es ilegal. Están ilegalmente detenidos, así dice el artículo 19 constitucional, que no se justifica la detención de nadie sin un auto que funde y motive la causa legal. Para qué sirve la Constitución si no se respeta. Se violaron los artículos 14, 16, 19; el debido proceso, el derecho a la defensa establecido en el 20 constitucional, y el 1, que habla de los derechos humanos. Han sido ultrajados, tratados cruel e inhumanamente, los han degradado tanto a ellos como a sus familias.”
–¿Qué procede contra el juez militar?
–Meter a la cárcel al coronel juez, porque así lo dice el Código de Justicia Militar. Debió otorgar la libertad porque no tiene instrumentos legales para dejarlos ahí.
Al cierre de esta edición la familia de Pérez Chávez recibió un telegrama de la prisión militar fechado el lunes 2, en el cual le informan que el mayor decidió colocarse en situación de “sometimiento voluntario a ingesta limitada de alimentos, siendo su diagnóstico actual cefalea, bradicardia e hiperglucemia”. (Patricia Dávila para Proceso)
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