MÉXICO, 21 de diciembre.- Después de casi tres años Miriam Isaura López Vargas revive la impotencia sentida en febrero de 2011, cuando fue violada por militares en una acción con la que pretendían que se declarara traficante de drogas y acusara a otras 10 personas.
A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comprobó las torturas y abusos sexuales a los que fue sometida por los soldados –responsables también de su detención arbitraria y retención ilegal–, en la recomendación 52/2012 el organismo encabezado por Raúl Plascencia Villanueva dio por satisfechos los ocho puntos recomendatorios dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero lo hizo sin haber garantizado la reparación de daños y sin considerar la opinión de la víctima ni la de sus representantes legales.
“Volvieron las pesadillas que tenía después de las torturas. Ya habían disminuido pero ahora otra vez sueño con eso. Lo que más me duele es que las autoridades no hagan nada, que no haya investigaciones ni castigo a los responsables”, dice López Vargas en entrevista.
Sobre el caso, la directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Alejandra Nuño, comenta que al darle carpetazo a la recomendación citada “la CNDH manda un mensaje de impunidad y de ninguneo a una mujer que se atrevió, como muy pocas lo hacen, a denunciar hechos tan graves como la violación sexual por parte de militares. Con este cierre se le dice a la Sedena que sus elementos pueden seguir cometiendo abusos sin consecuencias. Es inexplicable que un organismo nacional protector de los derechos humanos haga esto”.
Proceso publicó en su edición 1834 la historia de Miriam Isaura, quien el 2 de febrero de 2011 fue detenida en el centro de Ensenada, Baja California, por hombres vestidos de civil y encapuchados que iban en una camioneta blanca, aunque la Sedena sostuvo en partes oficiales que fue arrestada en un retén en San Quintín con cinco kilos de mariguana.
Permaneció retenida siete días en los cuarteles militares de Ensenada y Tijuana, donde fue torturada y violentada sexualmente para obligarla a firmar documentos que le dio personal de la Procuraduría General de la República (PGR) para admitir su supuesta culpabilidad y además señalara a 10 soldados que no conocía como si fueran sus cómplices en el tráfico de mariguana. (Fragmento del reportaje de Gloria Leticia Díaz que se publica en Proceso 1938, ya en circulación)
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