BAJA CALIFORNIA, 6 de diciembre.- Las alcaldías de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito se encuentran virtualmente en bancarrota: No hay dinero para pagar la nómina ni los finiquitos de trabajadores despedidos ni, mucho menos, las gratificaciones de fin de año.
Algunos de ellos arrastran además deudas con proveedores y pasivos con las autoridades hacendarias federales, como este municipio que debe 60 millones a la Secretaría de Hacienda por el pago del impuesto sobre nómina.
El pasado miércoles 4, por ejemplo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) requirió al gobierno municipal el pago de 7 millones de pesos por concepto del último trimestre del año fiscal 2011.
Pero no es todo: existe sospechas fundadas de que el exalcalde Francisco Pérez Tejada Padilla dejó de pagar dicha contribución de enero de 2012 a noviembre de 2013, que sumarían alrededor de 50 millones de pesos, de acuerdo con información difundida en el portal bajacaliforniano Lindero Norte.
Este impuesto grava el salario, aguinaldo, prima vacacional, compensaciones retroactivas, sobresueldos por días festivos, premios o incentivos por puntualidad, productividad o asistencia, bonos, compensaciones, ayuda de despensa o de habitación, fondo de ahorro, vales de despensa, entre otros rubros.
Pérez Tejada, quien antes de meterse a la política dirigió a la Canacintra en esta capital, declaró a medios de comunicación antes de irse que utilizó recursos públicos etiquetados para el pago de nómina y gastos operativos, por lo que días antes de concluir su encomienda constitucional anunció que había recurrido a abogados para enfrentar eventuales procesos por su actuación frente a la comuna.
El exalcalde mexicalense no es el único que está en problemas. En Ensenada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó al expresidente municipal –también priista–, Enrique Pelayo Torres de dejar las arcas vacías y de heredar una bomba de tiempo con los vitivinicultores de Valle de Guadalupe por autorizar el cambio de uso de suelo en esa región, una de las más productivas.
El presidente del organismo en Ensenada, Armando León Ptacnik, dijo que se debe investigar y aplicar la ley porque “los funcionarios están obligados a ser ejemplo de transparencia y cumplimiento de la legalidad, porque de ninguna manera están exentos de la correcta aplicación de las leyes”. El propio Pelayo declaró a medios de comunicación, al igual que Pérez Tejada, que usó recursos federales para gastos operativos.
En Tijuana, el empresario priista Carlos Bustamante Anchondo concluyó con un pasivo de 200 millones de pesos para pago a proveedores, 80 millones de entrega de cuotas patronales y de trabajadores a Issstecali y se reportaron 40 millones en cheques de cuentas bancarias que contaban con fondos insuficientes, de acuerdo al semanario El Informador.
“De última hora contrató un crédito de 70 millones de pesos en Banorte y contrató a una empresa para cobrar el impuesto predial con un pago de comisión por recuperación del 30%, a los cuales ya se les deben 8 millones de pesos”, señaló la publicación.
En Playas de Rosarito y Tecate, los nuevos alcaldes –Silvano Abarca Macklis y César Moreno, respectivamente– deberán enfrentar las deudas que dejaron en sus ayuntamientos los priistas Javier Robles Aguirre y Javier Urbalejo Cinco. (Anotnio Heras para Proceso)
0 comentarios:
Publicar un comentario