Luis Manuel Arellano
La iniciativa presidencial por la cual se ajusta la lectura que ha tenido la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas en materia de VIH/sida, constituye un paso importante de México en la lucha contra la discriminación asociada a esta enfermedad, toda vez que reconoce el derecho al trabajo de quienes han adquirido dicha infección, pero sobre todo porque finalmente se acepta, de manera expresa, que “la seropositividad al VIH no limita en automático la actividad funcional militar”.
El presidente Enrique Peña Nieto, con esta medida, estampa su firma en la aceptación de la recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual constituye en los hechos el primer acto de su gobierno en el que habla directamente del VIH/sida, y así lo anunció, incluso, en su cuenta de Twitter ayer 22 de octubre.
La medida es significativa, además, porque la recomendación llega desde la CIDH y no de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde éstas y otras quejas de militares fueron inicialmente expuestas sin que dicho organismo nacional hubiera presentado recomendación alguna para que, finalmente, el gobierno federal como lo hace hoy, reconociera que las garantías constitucionales para personas con VIH no estaban consideradas en la legislación militar.
Entre las disposiciones normativas que el Ejecutivo mexicano cita en la exposición de motivos se encuentran los principios contra la discriminación formulados desde el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) pero también establecidos en diversos instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano en materia de protección a los derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio Internacional del Trabajo no. 111 Relativo a Discriminación en materia de Empleo y Ocupación.
En el ámbito local, el Ejecutivo retoma los principios de protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Como puede observarse, materia suficiente existía, desde hace mucho tiempo, para que una recomendación así fuera formulada por nuestra CNDH, organismo que moralmente tiene la obligación de explicar por qué motivo y bajo qué criterios no lo hizo antes.
El periplo de los dos militares que bajo la defensa del abogado Pedro Morales Aché dieron una lucha ejemplar por sus derechos fue consignada por NotieSe desde hace diez años cuando habiendo agotado todos los recursos jurídicos en el país decidieron tocar las puertas para dar la última batalla, la batalla por su empleo y dignidad, en la cancha de la CIDH.
Entones un reportaje de Antonio Medina recogió la opinión del comandante Felipe Bonilla Espinobarrios, de la décima región militar de Yucatán, quien explicaba que a los miembros de las fuerzas armadas se les daba de baja por ser “inútiles para el servicio a la patria” (NotieSe, 19/02/03).
Debe decirse, sin embargo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí dio entrada a esta lucha de los militares con VIH y que si bien descartó sentar jurisprudencia ante los diversos casos de amparo recibidos, finalmente observó que existían contenidos en la legislación médica de las fuerzas armadas que negaban los avances en el marco general de Derecho del país.
La visión de la SCJN se dividió inicialmente. La prensa en su momento consignó que algunos ministros como Mariano Azuela y Genaro Góngora Pimentel consideraron como “inútiles” o como un “riesgo” a los militares con VIH (El Universal, 24/09/07). En los hechos la Corte únicamente asumió una postura de aceptar amparos por despido, por lo cual resultaba necesario que fuera el Congreso de la Unión la entidad que modifique la legislación militar.
La iniciativa de reforma que presenta el presidente, si bien es relevante porque ordena atender la recomendación de la CIDH, igualmente debe asumirse por el hecho de que reconoce la importancia de la atención antirretroviral en la salud de quienes viven con VIH/sida.
En la misma exposición de motivos el presidente Peña Nieto refiere, citando a la Organización Mundial de la Salud: “que las personas que viven con VIH, con un tratamiento médico adecuado, pueden realizar su actividad laboral en las mismas condiciones que una persona que no padezca la enfermedad, por la que no hay ninguna razón sanitaria para imponer restricciones de empleo a las personas infectadas por el VIH”.
Los mismos argumentos son retomados de la Guía de Manejo Antirretroviral de las personas que viven con el VIH/sida del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida.
Se trata de principios normativos que llevan años sin haberse considerado por el Ejecutivo, por lo que ahora deben transformarse en una política más amplia de no discriminación particularmente en el ámbito laboral, donde actualmente sigue pendiente una intervención federal que evite las pruebas de detección del VIH como condicionante para ofrecer o conservar el trabajo.
Este es sin duda un triunfo compartido: de los militares afectados, de su abogado, de la CIDH, incluso de las mismas fuerzas armadas y también del gobierno mexicano, porque se cierra una ventana de discriminación en momentos en que el país sigue llamando la atención de foros internacionales en materia de derechos humanos.
Además, se abre una nueva puerta para seguir reparando el daño cultural y político que la lectura equivocada de la epidemia ha construido en sus 30 años de existencia en esta nación. ¿Hay que celebrarlo? Por supuesto, particularmente porque comprueba que se puede cuestionar el rigor de las leyes militares y en general atender uno de los efectos más perniciosos que acompaña este problema de salud pública: la discriminación laboral.
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