COLOMBIA, 3 de octubre.- La batalla jurídica de la comunidad homosexual de Colombia por el derecho a casarse se reactivó después de que un juez anuló el primer matrimonio de una pareja del mismo sexo efectuado hace dos semanas por otro juez.
Al resolver una medida de amparo interpuesta por la Procuraduría General, el juez César Eduardo Díaz dejó sin efecto el matrimonio realizado por su colega Juan Carlos Cerón, en una decisión publicada este jueves.
El juez Cerón se convirtió en el primero en unir en “matrimonio” a una pareja del mismo sexo al amparo de la interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2011.
La sentencia autorizó que en caso de que el 20 de junio de 2013 el Congreso no hubiera legislado sobre el matrimonio para las personas del mismo sexo, esas parejas podían acudir a notarías y juzgados para registrar sus uniones.
Aunque el tribunal –garante de la Constitución colombiana– reconoció el derecho de las parejas homosexuales a “constituir familia, de acuerdo con un régimen que les ofrezca mayor protección que (...) la unión de hecho”, no habló de matrimonio.
Pese a ese vacío jurídico, y en medio de una fuerte presión de la Iglesia católica y del procurador general Alejandro Ordoñez en contra del matrimonio gay, algunas de esas parejas acudieron a los jueces para casarse.
“Los notarios se sienten intimidados por el procurador (general), mientras que los jueces son independientes y pueden interpretar las sentencias”, dijo a la Afp el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, al explicar por qué estas parejas han acudido a los juzgados a casarse.
El procurador Ordoñez celebró la decisión del juez Díaz y recordó que “en Colombia no hay ese tipo de matrimonios. La Constitución lo refiere y la Corte Constitucional lo dice con toda claridad”.
“A mí, como procurador, lo que me corresponde es defender y hacer respetar la Constitución, la ley y las decisiones judiciales”, agregó, citado en un declaración difundida por su despacho.
Elizabeth Castillo, una abogada de 42 años, y Claudia Zea, de 39, conforman una de las escasas parejas del mismo sexo que han logrado que un juez las una en matrimonio, y dicen que no se sienten intimidadas por la reciente anulación.
“No estoy preocupada, esa tutela se va a caer porque es un manifiesto desconocimiento del derecho”, dijo Castillo.
Estas dos mujeres se casaron hace una semana en el pueblo de Gachetá (en las afueras de Bogotá), porque “de allá es mi papá y quería hacerle un homenaje a él”, señaló Castillo.
En cambio, la pareja afectada por la decisión de Díaz prefirió mantenerse en el anonimato, según indicó a la Afp una vocera de la ONG Colombia Diversa, que defiende a la comunidad homosexual. (Afp)
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