sábado, 12 de octubre de 2013

octubre 12, 2013
MÉXICO, 12 de octubre.- La cooperativa Pascual advirtió que hay una ‘‘trampa’’ en el impuesto de un peso por litro de bebida azucarada propuesto en la reforma fiscal, ya que a la fecha las empresas refresqueras han desplazado la utilización del azúcar por jarabe de fructosa.


‘‘Pascual es la única empresa mexicana vinculada al campo que orgullosamente utiliza azúcar y frutas del país y si el nuevo impuesto es para bebidas ‘azucaradas’ en lugar de bebidas ‘endulzadas’, los más perjudicados vamos a ser nosotros’’, indicó Salvador Torres, asociado de la cooperativa y actual presidente del Consejo Superior del Cooperativismo (Consucoop).

La iniciativa presidencial de nuevo impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas habla de ‘‘una cuota específica de un peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas’’, como medida contra la obesidad y el sobrepeso.

‘‘El riesgo, que nos saquen de la jugada’’

Salvador Torres señaló que si bien autoridades y refresqueras consideran que el nuevo gravamen afectará por igual a toda bebida endulzada o azucarada, el hecho de que sólo se utilice este término puede dejar exentos varios productos y sólo aplicarse a los de Pascual, que sí utilizan azúcar de caña tipo estándar. ‘‘Sí veo un riesgo de que ellos puedan librarse y nosotros no, si dejan sólo el término ‘bebidas azucaradas’; con eso pueden sacarnos de la jugada’’, expresó.

Consideró que en las bebidas azucaradas debe tomarse en cuenta el contenido de pulpa o jugo de fruta y no sólo del azúcar, ya que dijo que desde hace unos años Pascual reformuló sus productos, redujo el endulzante y adquirió nueva maquinaria para cumplir con los nuevos requerimientos de las autoridades.

La eventual eliminación del régimen opcional para el pago del ISR para las sociedades cooperativas de producción, un logro obtenido apenas en 2006 en el Congreso por el llamado sector social de la economía, implicará para Pascual un gasto de 400 millones al año si logra mantenerse en el mercado, ya que los cambios fiscales implicar (La Jornada, 11 de octubre de 2013, p.5)

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