sábado, 12 de octubre de 2013

octubre 12, 2013
MÉRIDA, Yucatán, 12 de octubre.- A pesar de la persistente y permanente presencia de retenes policíacos desde agosto de 2008 hasta la fecha en la entidad, de incontables revisiones y detenciones arbitrarias, la discriminación sistemática de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra guiadores foráneos,  la vulneración de las garantías individuales de prácticamente todos los guiadores por parte de los oficiales y el hecho de que la corporación policíaca encabeza año tras año las quejas por violaciones a los derechos humanos ante la Codhey, el Gobernador Rolando Zapata Bello aseguró que en Yucatán se trabaja de forma irrestricta y constante para generar mecanismos jurídicos que salvaguarden los derechos humanos de grupos vulnerables, niños y niñas, así como migrantes, población indígena y todos los ciudadanos, pues sólo así se podrá conseguir el bienestar que asegure las garantías y libertades individuales de los yucatecos.


En este contexto, cabe destacar la impunidad en el caso de los policías Pedro Daniel Nah Pech y José Luis Trejo Gómez, implicados en la tortura de un detenido y señalados como responsables en la recomendación 08/2013 de la Codhey. Hasta la fecha, la SSP no ha informado si se les dio de baja o fueron sancionados de alguna manera.

En la inauguración del Seminario Internacional “Diálogo jurisprudencial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, el titular del Ejecutivo aseveró que el intercambio de opiniones entre ciudadanía y autoridades es un ejercicio que en el estado se realiza constantemente para contribuir al debate jurídico de América.

“El diálogo enriquece, y cuando es un diálogo establecido por expertos en la materia, por autoridades académicas, por panelistas reconocidos y por organismos internacionales con amplia experiencia, hay que estar atentos, hay que aportar y hay que sumarnos a ese diálogo”, puntualizó durante la ceremonia de apertura.

Ante la presencia del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García-Sayán, el mandatario destacó el trabajo del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo del nuevo sistema de justicia y los medios alternativos de solución de controversias, con el objetivo de contar con un sistema más ágil, efectivo y que genere confianza entre la población.

“Cada uno de los objetivos que nos hemos trazado para consolidar un Yucatán seguro, con certeza jurídica y patrimonial, está enmarcado por un apego absoluto a garantizar el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía”, puntualizó.

En su intervención, el presidente de la CIDH hizo énfasis en la evolución que México presenta ante otros países al reafirmar sus instituciones en la perspectiva de los derechos humanos, además de señalar su beneplácito por el trabajo que las autoridades federales, estatales y municipales han realizado para desarrollar conceptos fundamentales que protejan a éstos.

“Si podemos hablar sobre un país donde el diálogo jurisprudencial y esa creatividad jurídica apunta en la misma dirección, en la de la protección de los derechos humanos, ese país es México. Por ello, agradecemos a México, a Yucatán y a sus instituciones por todos los empeños que se viene dando pasos para generar mejor y mayor protección de estos derechos”, agregó.

Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcos Celis Quintal, aseguró que en Yucatán existe un respeto irrestricto de todas las autoridades por los derechos humanos, pues ésta es la mejor garantía para permitir el adecuado florecimiento de una realidad que enriquece a todos los ciudadanos, que pueden entonces, vivir en paz, en un estado de leyes e instituciones.

“Yucatán es un estado donde nada ni nadie está por encima de los derechos de las personas, donde no habrá regresión en el avance de la protección de sus derechos fundamentales, donde el Poder Judicial confirma que éstos son los principios que guían su actuación cotidiana”, afirmó.

Acto seguido, el Gobernador dictó la declaratoria inaugural de este seminario, organizado por la CIDH y el Poder Judicial yucateco, como parte de los trabajos de la 48 sesión extraordinaria del organismo internacional. (JMRM con información del Gobierno del Estado de Yucatán)

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