viernes, 11 de octubre de 2013

octubre 11, 2013
MÉXICO, 11 de octubre.- Con 225 agresiones a medios y comunicadores registradas de enero a septiembre último, la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 no duda en afirmar que el 2013 es “uno de los años más violentos contra la prensa” mexicana.


De acuerdo con un informe del organismo civil, el tercer trimestre también sería el más agresivo contra la libertad de expresión en el Distrito Federal al documentar 67 actos de violencia contra ese derecho.

Incluso, advierte ciertos patrones en la capital el país desde el 1 de diciembre de 2012: “las autoridades locales no ofrecen garantías para documentar la protesta social y sus policías reprimen derechos fundamentales como la libertad de expresión en movilizaciones sociales”, criminalizando la protesta.

El documento detalla que la violencia contra la prensa de enero a septiembre de este año, supera al número de agresiones anuales cometidas en los últimos años. En 2012, se registraron 207 agresiones y un año antes, 172.

Entre los casos más violentos, la organización contabiliza tres asesinatos, dos desapariciones, cuatro ataques a medios, 26 amenazas y siete privaciones ilegales de la libertad.

Los periodistas asesinados son: Jaime González, de Ojinaga Noticias de Chihuahua (3 de marzo); Daniel Martínez Bazaldúa de Vanguardia, diario de Coahuila (24 de abril), y Alberto López Bello, de El Imparcial, de Oaxaca (17 de julio).

Para la organización, el último de estos casos sería “la agresión más grave a la libertad de expresión”, porque antes de su asesinato, López Bello fue víctima de una detención arbitraria por parte de policías estatales el 18 de mayo, por tomar fotografías a narcomantas.

Los comunicadores desaparecidos en este año son Sergio Landa de El Diario de Veracruz (22 de enero) y Mario Ricardo Chávez Jorge, de El Ciudadano, de Tamaulipas (24 de junio).

De acuerdo con la organización, la entidad donde se registra el mayor número de agresiones a la prensa en los últimos nueve meses es Veracruz, con 31 casos; seguida de Morelos con 25, y el DF y Coahuila con 18 cada una.

Con 16 reportes de agresiones también se reportan Guerrero, Oaxaca y Baja California y Chiapas con 14.

El informe de Artículo 19 identifica en el tercer trimestre de las 67 agresiones, en 36 casos a servidores públicos como responsables de las agresiones registradas este año, 19 del ámbito estatal; 12 municipales y cinco federales.

La organización manifiesta su preocupación porque en los últimos 67 casos registrados entre julio y septiembre “no exista castigo para los responsables de estos actos, más cuando, en 46% de los casos, son servidores públicos vinculados con corporaciones policiacas”.

En cuanto al resto de los casos, en 16 se desconoce al agresor; en tres se atribuye a la delincuencia organizada; en dos a una agrupación comercial; en una a una agrupación política; en cuatro a una organización social; dos a militante partidista y en tres casos las agresiones procedieron de candidatos, de acuerdo al análisis de Artículo 19.

En el tercer trimestre del año, Veracruz encabezó también la lista de violaciones a la libertad de expresión con 13 reportes; seguido de Baja California y el DF, cada uno con 10. Entre los casos relevantes, apunta la organización en su informe.

En su documento, Artículo 19 reflexiona sobre la situación de efervescencia social en el DF, que por “la centralización de la vida política en la capital política mexicana lo hace destino de la protesta social de las distintas latitudes”, situación que para la organización con sede en Londres, es “síntoma de una democracia en crecimiento y en construcción”.

Resalta, sin embargo, que a partir del primero de diciembre de 2012, “las protestas han cobrado un nuevo significado y se han tornado más violentas”, por la actuación de “un pequeño grupo de civiles” que han transformado las calles de la ciudad en “un campo de batalla exhibiendo a un cuerpo policiaco que carece de protocolos para garantizar por un lado, la libre expresión y por el otro, el procesamiento de quienes cometen un delito en el contexto de las protestas”.

Critica que las autoridades capitalinas “han llegado al extremo de detener y consignar a fotoperiodistas que cumplían con su labor informativa y obligándoles al pago de 126 mil 476 pesos (9 mil 700 dólares) para evitar llevar su proceso en prisión al presumirles culpables”, es el caso del fotoperiodista Gustavo Ruiz, sostiene la organización.

Según los registros de Artículo 19, del primero de diciembre de 2012 al primero de septiembre de este año, “once personas, la mayoría de ellas periodistas independientes han sido arrestadas en el DF por documentar la actuación de su policía. En siete casos fueron detenidos en un contexto de protesta social”.

En el tercer trimestre, también se registraron cinco ataques a páginas de internet de medios de comunicación; dos ataques con explosivos a las instalaciones de periódicos, un asesinato; 16 agresiones físicas y materiales; 30 actos de intimidación, en diez a través del veto y 5 robos. A ello se suma que dos periodistas han sido denunciados penalmente por difamación.

La organización de defensa de libertad de expresión considera “primordial que las autoridades federales y locales adopten protocolos de actuación que permitan que un derecho fundamental como la libertad de expresión se desarrolle sin ningún tipo de inhibiciones, pero sobre todo que castigue a los servidores públicos responsables de estos actos”. (Gloria Leticia Díaz para Proceso)

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