lunes, 9 de septiembre de 2013

septiembre 09, 2013
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 31/2013, dirigida a la Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCMAR), por la omisión de cuidado de dos menores de edad de nacionalidad salvadoreña que se escaparon del albergue 1 del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Distrito Federal, y se desconoce su paradero.

Entre las medidas que pide la CNDH para resarcir el daño es que se presente una queja y denuncia ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), respectivamente.

El 6 de agosto de 2012 se recibió en la red telefónica de la CNDH el mensaje de voz de una menor de edad salvadoreña, quien solicitó la presencia de personal de la Comisión. En esa llamada la menor manifestó que ella y su hermano estaban en malas condiciones en el interior de las instalaciones migratorias.

Visitadores adjuntos acudieron al lugar sin que se les permitiera el acceso. La información que recibieron fue que los menores se encontraban a disposición de la Comisión de Ayuda a Refugiados y que debía autorizar la visita. Un día después, personal del organismo nacional estableció comunicación telefónica con esa coordinadora general, cuyos servidores públicos plantearon que a los menores se les había reconocido la calidad de refugiados y que estaban en ese albergue a solicitud de la CGCMAR, en atención a sus condiciones de orfandad y bajo nivel escolar, por lo que la solicitud de visita debía hacerse por escrito.

El 8 de agosto la CNDH solicitó la autorización para reunirse con los niños. El 21 de agosto funcionarios de la oficina de refugiados respondieron por correo electrónico que los infantes habían tenido un “egreso no programado”.

Después se informó telefónicamente que ambos menores habían escapado del albergue y que no se sabía dónde estaban. Ante tales circunstancias se acreditaron “componentes de posibles actos u omisiones de servidores públicos, que por su naturaleza pudieran constituir transgresiones a derechos humanos”, por lo que la CNDH determinó radicar queja de oficio.

Al concluir su investigación, la Comisión encontró elementos que “permiten evidenciar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al trato digno, en agravio de los dos niños salvadoreños”. (Red Política)

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