Opinión de JMRM
El día de hoy, las élites empresariales de Yucatán se dieron cita para hacer un reconocimiento público a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán por su trabajo, argumentando que éste "ha mantenido al Estado como el mas seguro de México".
Entre los detalles más absurdos del citado evento está el hecho de que los empresarios denominaron a los oficiales "héroes anónimos" y anunciaron una campaña de propaganda para "revalorar el trabajo de los policías estatales".
También insistieron en comparar a Yucatán con países europeos como Suecia y Suiza, analogía ridícula que a lo largo de los años ha sido objeto de burla ante los numerosos robos a casa-habitación, violaciones y homicidios reportados por la prensa, además de las condiciones de pobreza tercermundista en las que viven la mayoría de los yucatecos
Es de esperarse que esta pequeña élite de hombres de negocios reconozca a la SSP ya que, efectivamente, protege sus intereses. Hay patrullas de la corporación y policías vestidos de civiles en los estacionamientos de las principales plazas y centros comerciales y zonas residenciales como Altabrisa y Montecristo están bajo estricta vigilancia de los denominados "héroes".
En pocas palabras, los empresarios tienen a la policía a su servicio las 24 horas del día, son guardias de seguridad privada de facto, pero ¿Y el resto de la población?
Nosotros, simples mortales, estamos sometidos al capricho del oficial en turno, que cuenta con una ley de vialidad que le da numerosos pretextos para pararnos de manera arbitraria mientras manejamos y extorsionarnos. Si no les damos la excusa, ellos la inventan.
Desde su creación a mediados de 2007, con el inicio del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, la SSP Yucatán ha gozado de una infame reputación por atroces violaciones a los derechos humanos que van desde detenciones arbitrarias y discriminación hasta tortura de detenidos, allanamiento de morada sin orden de cateo acompañada del correspondiente saqueo, incomunicación, amenazas, intimidación, abuso de poder y homicidio.
Estos son hechos que la Codhey confirma año tras año en sus informes anuales, pero que no destaca, y mucho menos condena, debido a que carece de autonomía.
No olvidemos los decapitados de 2008, que causaron terror (mal denominado psicosis por algunos medios) en la entidad y sirvieron como pretexto para intensificar la medida ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos de los retenes, donde se detiene para revisión a vehículos foráneos, donde viajen sólo hombres o a quien los agentes se les antoje parar. En esos puntos de suspensión de facto de las garantías individuales, la persona es obligada a permitirle a los oficiales hurgar entre sus pertenencias y rendir cuenta sobre de dónde viene y a dónde va.
Ante todos estos hechos, ante la violación sistemática de nuestros derechos por parte de las autoridades, ¿podemos decir que somos un estado seguro, si estamos a merced de criminales? ¿Podemos calificarlos como "héroes anónimos"?
Serán héroes de los empresarios, pero no cabe lugar a duda que estos últimos seis años han sido enemigos, asaltantes y verdugos del ciudadano común, resultando en el menos malo de los casos un estorbo y, en el peor, una amenaza.
