miércoles, 14 de agosto de 2013

agosto 14, 2013
NUEVO LEÓN, México, 14 de agosto.- Organizaciones civiles con trabajo en VIH/sida del estado de Nuevo León exigieron la renuncia de Genaro Leal Martínez, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención y el Control del Sida (Coesida), por considerar que durante su gestión no ha involucrado a diversos actores sociales para conformar un plan estatal de lucha contra la epidemia. 


Mediante un oficio enviado a Mercedes Juan López, secretaria de Salud federal, y a Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), las organizaciones denunciaron la creación de un “grupo de choque” por parte de Leal Martínez y del director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Monterrey, Marcelino Chávez García, con el objetivo de “obtener beneficios de índole personal”.


Abel Quiroga, presidente de Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales (Acodemis), señaló que la figura pública de “aval ciudadano” conformada por funcionarios, organizaciones e instituciones académicas fue creada de manera irregular por Leal Martínez  e incluyó a la asociación civil Personas con Voz, Vida y Salud, de la que dijo carece de experiencia y trayectoria en materia de VIH pues fue fundada hace apenas tres meses. 

En el documento, firmado por ocho organizaciones de Nuevo León, se menciona que el “ambiente favorable y benéfico” requerido por los usuarios del Capasits de Monterrey se ha visto dañado por la figura de “aval ciudadano” al provocar conflictos entre el personal médico que han derivado en represalias laborales contra quienes no apoyan a la dirección. 

El activista denunció el acoso laboral ejercido contra el médico Luis Castillo Reyna quien atiende a cerca de la mitad de las mil 200 personas que acuden al Capasits. Indicó que desde hace dos años los integrantes del “aval ciudadano” han acusado al médico tratante de abusar sexualmente de sus pacientes sin que hasta el momento hayan presentado prueba alguna. 

“Dijeron que tenían unos videos para sustentar sus acusaciones, los reté para que los enseñaran y llevaran junto con Leal Martínez y Chávez García ante el Ministerio Público para denunciar los hechos, entonces dijeron que no había tal material”. 

En charla con esta agencia, Quiroga informó que el acoso generó la suspensión de Castillo Reyna el lunes y martes de la semana pasada. Ante el suceso, los activistas recurrieron a Martha Valadez, titular del área jurídica de la Secretaría de Salud estatal, quien respaldó al médico tratante y recordó al director del Capasits que él no puede remover a los doctores de los consultorios. 

Subrayó que hasta la fecha aún no queda claro quienes conforman la figura de “aval ciudadano” y qué fundamentos legales sostuvieron su creación. 

“El Capasits de Monterrey se inauguró en 2009, hemos hecho mucha incidencia política para que se pueda sostener. El médico Luis Castillo Reyna es muy solidario con las personas que viven con VIH,  se trata de un profesional comprometido, va a las zonas de tolerancia y hace trabajo directo con la población en situación de riesgo, no forma parte del clan de Leal Martínez y Chávez García, por eso lo acosan”. 

El presidente de Acodemis dijo que hasta el momento no han recibido respuesta de la secretaria de Salud ni de la directora del Censida, no obstante, dijo confiar en que pronto intervendrán debido a que en septiembre Monterrey será sede del Foro Nacional de VIH/sida. “No podemos recibir a las personas en medio de este problema”. 

Agregó que los esfuerzos de las organizaciones civiles por evitar la destitución de Luis Castillo Reyna han provocado censuras al trabajo realizado por Acodemis como la negativa a distribuir en los Capasits de la entidad material sobre salud ano rectal avalado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida por contener “fotografías obscenas” que no van de acuerdo al lugar y que son del “género homosexual”. 

“Este tipo de material lleva 15 años circulando y nunca habíamos tenido ningún problema. Esto es responsabilidad del aval ciudadano”. 

El Capasits de Monterrey atiende a cerca de mil 200 personas, cuenta con tres médicos tratantes: Luis Castillo, Joel Garza, e Imelda Cantú, más el director que también da consulta. Sobre Cantú, el activista mencionó que a los tres meses de haber sido contratada viajó a Argentina para una supuesta capacitación, Leal y Chávez argumentaron que el curso no lo podía tomar en México. 

Tiempo después, los activistas se enteraron que el viaje de Imelda Cantú fue pagado por una farmacéutica. “Hasta nos llegaron a decir que se había ido de vacaciones, pero ¿quién se va de vacaciones a los tres meses de haber sido contratado?”. 

Para Abel Quiroga, buena parte del conflicto radica en que Luis Castillo no ha accedido a ningún tipo de viajes al extranjero o a otras partes del país financiados por la industria farmaceútica, a la vez que advierte sobre los esfuerzos hechos por los titulares del Coesida y del Capasits por destituirlo. 

“Esperamos una respuesta favorable de las autoridades federales, que vengan a Monterrey a resolver este problema, no queremos que con esta situación el Foro Nacional de VIH que se llevará a cabo del 9 al 13 de septiembre, pase de ser una fiesta a un velorio. ¡Exigimos la destitución de Genaro Leal Martínez!” (Mario Alberto Reyes para NotieSe)

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