sábado, 6 de julio de 2013

julio 06, 2013
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio.- En México se lavan al año entre 19 mil y 39 mil millones de dólares del crimen organizado transnacional, dinero procedente principalmente de Estados Unidos, afirma la empresa Stratfor en un análisis.

La compañía estadunidense de inteligencia global señala que ese delito podrá combatirse con la aplicación de una reforma que se espera entre en vigor en marzo del próximo año, cuya iniciativa se aprobó en octubre del año pasado.

Stratfor, al señalar que hasta ahora el “entorno político y económico de México ha propiciado” el lavado, explicó que el éxito de la nueva regulación dependerá de la estricta aplicación y de la vigilancia de las firmas financieras mexicanas y hacia ellas.


De acuerdo con el documento, la delincuencia organizada buscará mantener ese flujo de dinero de EU hacia México, pero además conseguirá socios fuera de esos dos países para evadir el brazo de la legislación en puerta.

Alertan de nuevas formas de lavado

Una nueva ley contra lavado de dinero en México, que se espera entre en vigencia en marzo de 2014, permitirá detener o limitar movimientos financieros que actualmente oscilan entre 19 mil y 39 mil  millones de dólares al año, consideró la empresa de análisis Stratfor.

“La nueva ley no va a poner fin a todas las operaciones de lavado de dinero en México”, indicó el documento, al señalar que sin duda los lavadores de dinero se adaptarán y eludirán la nueva normativa, incluso a través de socios fuera de los dos países.

De acuerdo con la agencia, las organizaciones criminales transnacionales envían a México de 19 mil millones a 39 mil millones de dólares por año desde Estados Unidos, lo que según su opinión tiene un impacto negativo sobre inversores legítimos.

La organización de análisis indicó que aunque falta por ver el impacto de la ley, los grupos criminales mexicanos seguirán usando sus procedimientos en México mientras siguen en busca de otros países donde hacer sus negocios.

"El conducto Estados Unidos-México permanecerá intacto por el futuro previsible, pero los lavadinero mexicanos ya establecieron vínculos con empresas criminales en otros países, notablemente Europa, Centro y Sudamérica. Después de 2014, esos lazos puede ser aún más fuertes”, advirtió Stratfor.

El análisis puntualizó que “la sofisticación” de los lavadores de dinero tiene también impacto en el problema, toda vez que se han hecho adeptos al uso del comercio como método.

El método más elemental es el depósito bancario, pero más recientemente ha sido el lavado de dinero con base en el comercio, que las agencias estadunidenses y mexicanas involucradas en el combate a ese delito consideran como el mayor volumen.

“En el lavado de dinero basado en el comercio, los criminales disfrazan el dinero a través de una serie de legítimas transacciones comerciales”, que pueden incluir embarques múltiples, envíos fantasmas, el reporte disminuido o exagerado de envíos o pagos”, consignó.

El lavado de dinero ha crecido a la par que el comercio mundial, incluso las transacciones en línea, y provee a las organizaciones criminales con una relativamente segura vía de limpiar sus fondos.

Más aún, las autoridades no tienen la capacidad para enfrentar todas las formas de lavado de dinero, indicó Stratfor.

“Si es administrada propiamente la nueva ley puede disipar preocupaciones de inversionistas respecto a hacer negocios en México”, agregó el texto.

Hasta ahora, precisó, “el entorno político y económico de México ha sido propicio para el lavado de dinero. La corrupción rampante y la  ineficiente regulación y aplicación impidieron que las administraciones anteriores enfrentaran eficazmente el problema”.

La legislación fue propuesta por el gobierno del presidente Felipe Calderón, pero sólo fue aprobada en octubre de 2012, a unos días de que dejara el poder a su sucesor, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el análisis, el gobierno Peña Nieto “ha hecho hincapié en la vitalidad económica del país y ha tratado de proteger a los inversores actuales y potenciales de la corrupción y el crimen organizado”.

Insistió en que, bien ejecutada, la nueva ley puede disipar las preocupaciones de los inversionistas que quieran hacer negocios en México. (Excélsior)

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