sábado, 27 de julio de 2013

julio 27, 2013
MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 de julio.- La Policía ya contaba con la posibilidad de que el conductor del tren que descarriló a la entrada de Santiago de Compostela se negara a prestar declaración dentro de su legítima estrategia de defensa, una vez que sus abogados se han hecho cargo del asunto. Sin embargo, tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición de ayer, el maquinista, Francisco José Garzón, confesó, ante los policías que le conducían al hospital para que le atendieran, que el convoy viajaba a una velocidad de 190 kilómetros por hora. Ese testimonio tiene una gran fuerza ante la autoridad judicial.


La negativa a declarar, tomada por iniciativa propia o por consejo de su asistencia letrada, que puede mantener cuando comparezca ante el juez, es un derecho constitucional que le asiste, pero, dado el elevado número de víctimas que se han producido y la alarma social creada, la colaboración de esta persona sería de gran importancia para que el origen de la tragedia pueda ser esclarecido.

El maquinista Francisco José Garzón.
El dilema, que la investigación policial tratará de aclarar, está en si hubo un fallo humano o un fallo técnico, o una combinación de los dos. La negativa a declarar del maquinista, según las fuentes consultadas por este periódico, le coloca en una posición a la defensiva y de nula colaboración con la investigación, lo que, a medio y largo plazo, podría confirmarle, al menos ante la opinión pública, como el principal responsable de la tragedia.


Desde que se produjo el siniestro, la Policía intentó conseguir la declaración del maquinista en cuanto el impacto psicológico de la tragedia lo aconsejase. Por «cuestiones médicas» no se le tomó declaración hasta ayer. Desde primera hora del jueves, en que se le comunicó al maquinista que estaba detenido, la Policía cumplió con el protocolo habitual y se le leyeron sus derechos como arrestado.

El jefe superior de la Policía de Galicia, Jaime Iglesias, ya adelantó por la mañana que la intención era que se le tomara declaración «con la menor brevedad», siempre antes de que se cumplan 72 horas de su detención. «De no haber razones médicas, la declaración policial se tomaría ya (en la mañana de ayer)», pero no fue posible hasta la tarde. (La Razón España)

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