MÉXICO, 25 de julio.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión urgió a los gobiernos federal y estatales a establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias a su cargo, para prevenir y atender sistemática e integralmente los casos de embarazos entre adolescentes.
Además, urgió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a reforzar y expandir el programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), así como a reformular los contenidos de la educación sexual básica que imparte el Estado.
Asimismo, el pleno del órgano legislativo avaló pedir al secretario de Hacienda y Crédito Público hacer las previsiones y asignar recursos suficientes, en el Presupuesto de Egresos 2014, para hacer frente al fenómeno de los embarazos juveniles.
En los considerandos del dictamen avalado en la sesión de ayer, se indica que de acuerdo con datos del INEGI en 2010 había en México un total de 434 mil niños y adolescentes casados o en unión libre, y actualmente tres de cada 10 embarazos se presentan en jóvenes menores de 18 años.
Se añade que para el año 2030 se prevé que el Distrito Federal y Coahuila se mantengan como las entidades con menor y mayor tasa de fecundidad adolescente con 49.1 y 85.3 nacidos vivos por cada mil, respectivamente.
Los legisladores destacaron que a pesar de los avances logrados en materia de salud sexual y reproductiva, aún es elevado el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, lo cual representa un desafío para el país.
Por ello, consideraron que los adolescentes requieren programas que donde se tome en cuenta su necesidad de ser escuchados y contar con servicios de salud que protejan su intimidad e identidad y que estén dispuestos a abordar cualquier tema.
Por otra parte, los senadores y diputados solicitaron un informe a los gobiernos federal y estatales sobre las acciones que realizan para combatir los delitos relacionados con la pornografía infantil en medios electrónicos.
Los legisladores consideraron que es impostergable perseguir y sancionar este tipo de delitos, y sugirieron a las autoridades gubernamentales considerar la viabilidad de establecer una unidad de investigación especializada para tal efecto, adscrita al Ministerio Público.
En la propuesta, señalaron que es de especial relevancia la protección al interés superior del niño, pues éste es un principio de rango constitucional y uno de los ejes rectores más importantes del marco internacional del derecho de los infantes. (Diario Rotativo)
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