MÉRIDA, Yucatán, 12 de noviembre de 2019.- En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, se solicitó el proyecto de dictamen para modificar el Código Fiscal y la Ley de Tránsito y Vialidad, en materia de enajenación de vehículos abandonados, que se encuentran en el corralón de la Secretaría de Seguridad Pública.
Rosa Díaz Lizama (PAN), explicó que esta iniciativa del Ejecutivo estatal pretende brindar un periodo de 60 días naturales a los usuarios de las unidades (bicicleta, motocicleta o automóvil) para que puedan recuperar su propiedad mediante un trámite; una vez que termine este plazo, entonces la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) podrá subastar dichos vehículos o, en caso de ser inservibles, vender sus partes o destruirlos.
El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN) sugirió que este plazo de 60 días, sea implementado a partir del mes de noviembre del próximo año, debido a la llegada de los aguinaldos, para que los dueños de las unidades tengan oportunidad para recuperar sus bienes.
Milagros Romero Bastarrachea (MC) propuso que después de ese primer periodo, los siguientes deberán ser dos veces al año, toda vez que la propuesta manifiesta que en igual número de ocasiones se realizará un inventario del padrón y el estado de los vehículos abandonados.
En el mismo sentido, Marco Rodríguez Ruz (PRI) suscitó que sea en el mes de mayo, ya que algunos trabajadores reciben el reparto de sus utilidades; al resumir estas aportaciones, los integrantes de la comisión avalaron por unanimidad que se integren al proyecto de dictamen.
En su turno, Lila Frías Castillo (PRI) aconsejó que, además de obras de infraestructura urbana para los municipios, el destino final de los recursos que obtendrá el Gobierno por esta posible medida, también se inviertan para la concientización del medio ambiente de las comunidades; este punto también fue avalado por unanimidad, pero “para programas ambientales”, como propuso la redacción Díaz Lizama.
En la comisión también continuó el análisis de la iniciativa por el que se autoriza al Poder Ejecutivo y a los Municipios del Estado a contratar uno o varios financiamientos que se destinarán a inversiones públicas productivas, así como afectar como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
El diputado Rodríguez Ruz entregó un análisis jurídico de su fracción para que sea considerado en el estudio de la propuesta; Sánchez Roca también planteó una reunión con representantes de Banobras para que expliquen cómo se brindarían los créditos a los municipios.
Sin embargo, Romero Bastarrachea descartó esta idea porque esa reunión la deben tener los ayuntamientos y manifestó que era mejor tener una reunión del mismo cuerpo colegiado legislativo para analizar todas las propuestas y despejar las dudas.
Luis Aguilar Castillo (NA) se pronunció a favor de la reunión pero señaló que debe ser de manera inmediata para aprobar un posible dictamen porque cada día se le reduce más el tiempo a los alcaldes para obtener mayores recursos, toda vez que tendrían que saldar estos recursos un mes antes de que finalicen sus administraciones.
En la reunión, también estuvieron presentes Carlos Cisneros Dogre, secretario general del Comité Directivo Estatal de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Yucatán (CATEM); Juvencio Ancona Patrón; Gabriel Méndez Uicab, de la Coalición de Transportistas; y Gabriel Uribe Ríos, de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac).
Mototaxis
Los integrantes de la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura se reunieron con representantes de grupos de mototaxistas en Mérida y el interior del Estado, para hablar sobre su situación ante las autoridades estatales.
El primero de ellos, Abelardo Chan Preciado mencionó que tienen toda la disponibilidad de trabajar, pero con la regulación por parte del Estado para establecer sitios, ubicaciones y normas, con el emplaque debido de las unidades.
Miguel Manzanero Chan, de la Confederación Nacional de Organización Populares (CNOP) en Yucatán, agregó que también se debe estipular tarifas, que tipo de seguro para los vehículos, contar con una base de datos con todas las unidades, establecer reglas de operación, un catálogo de sanciones y dividir la reglamentación de Mérida con los otros municipios.
Juan Medina Castro, de la Unión de Transporte para el Cambio de Yucatán (Untrac) indicó que el problema de los mototaxis ya se salió de control porque todavía no existe una regularización, además de que las autoridades interponen multas muy elevadas a los propietarios, que no pueden subsanar; de la misma manera, advirtió que hay unidades que transitan en carreteras federales, que pone en peligro a los usuarios.
Juan Reynaldo Miranda, de la CROC, indicó que el sector siempre está en incertidumbre cuando hay un cambio de gobierno, porque todos los acuerdos se hacen de palabra, al no existir una regulación, al igual que el mototaxista tiene que trabajar hasta 15 horas al día para solventar los gastos de mantenimiento del vehículo y para su ganancia.
Javier Carvajal García, de la CTM, indicó que “hay una prostitución en el servicio del transporte en general”, porque al no estar avalados por las leyes estatales, existe corrupción en este tema, sin importar las demandas que se interpongan ante las autoridades correspondientes.
En su turno, Everardo Flores Gómez, del movimiento Cicloturixes, sugirió que “no se pierda de vista a los tricitaxis”, que son el antecedente de los mototaxis, porque no se les brinda incentivos a estos vehículos que tienen movilidad sostenible.
En la reunión, también estuvieron presentes Carlos Cisneros Dogre, secretario general del Comité Directivo Estatal de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Yucatán (CATEM); Juvencio Ancona Patrón; Gabriel Méndez Uicab, de la Coalición de Transportistas; y Gabriel Uribe Ríos, de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac).
