Eduardo Ibarra Aguirre / 6-III-18
Como un regalo o chantaje para México y el presidente Andrés Manuel, en la víspera de su arribo a los primeros 100 días de gobierno, la calificadora Standard and Poor’s, que como todas no tiene quien la califique, salvo sus amos del gran capital de la aldea, decidió mover de estable a negativa la perspectiva de calificación de la deuda emitida por varias de las principales empresas y entidades financieras, para adecuarla al cambio que en el mismo sentido realizó el 1 de marzo respecto de los pasivos del gobierno mexicano.
Las empresas afectadas por el cambio son la Comisión Federal de Electricidad, América Móvil (operadora de Teléfonos de México y Telcel), así como Coca-Cola FEMSA y la cadena Liverpool.
Por si no fuera suficiente, S&P también modificó a negativo el futuro de la deuda emitida por 77 entidades bancarias y siete aseguradoras, entre ellas todos los bancos de desarrollo (Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco del Ejército y Fuerza Aérea, Bansefi, entre otros), además de instituciones privadas como BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, HSBC, Inbursa y Scotiabank.
De acuerdo con especialistas, el cambio de perspectiva de la deuda significa que en una próxima revisión existe una alta probabilidad de que ocurra una baja en la calificación, lo que encarecerá el costo que pagan el gobierno o las empresas para financiar la deuda ya contratada y de las nuevas emisiones. El mayor costo, explican, reduce los recursos disponibles para inversión o, en algunos casos, se traslada a los consumidores. E introducir factores de desestabilización en la economía mexicana.
