domingo, 1 de septiembre de 2019

20:20:00
MÉRIDA, Yucatán, 1 de septiembre de 2019.- Con 14 votos a favor y 11 en contra el Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Publica, que estableció la no ratificación del magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus municipios Cesar Antuña Aguilar, lo que generó un amplio debate entre las diferentes fuerzas políticas que conforman el poder legislativo.

Los diputados yucatecos arrancaron la sesión de inicio del segundo año de ejercicio constitucional con una hora de retraso, donde los legisladores expusieron sus diferencias en torno al procedimiento que se realizó para la no ratificación del magistrado, pues en el resto de los asuntos en cartera, los legisladores locales lo aprobaron por unanimidad.

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, conformada por las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, votó a favor de que no se ratifique al presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, César Antuña Aguilar, pues consideran que este funcionario no ha demostrado capacidad y compromiso para dar celeridad a los juicios laborales, dejando a varios municipios con una deuda de más de 700 millones de pesos.

En el marco de la primera sesión del segundo año de trabajo legislativo, la Diputada Silvia López Escoffié señaló que el endeudamiento que presentan estos municipios ha originado que se dejen de prestar servicios que realmente requieren los ciudadanos.

Dipiutadas Mily Romero, Silvia López y Alejandro Cuevas. Recuadro, César Antuña. 

“Movimiento Ciudadano no puede avalar esta ratificación, cuando el magistrado no ha cumplido con los principios que rigen la función judicial y valores éticos que subyacen esa actividad que son: Eficiencia, excelencia, justicia, obligación de denunciar y responsabilidad” dijo.

Resaltó que si bien los legisladores llegaron a esta legislatura por un partido político, también pidieron el voto a los ciudadanos, es por ello que es su obligación defenderlos, por lo que consideró que es momento de dejar a un lado posturas políticas y resguardar el patrimonio de los yucatecos.


Recordó que el año pasado se aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, donde se sentaron las bases para resolver el problema de laudos millonarios que se tienen en los municipios, ya que no solo se afectan las finanzas públicas de esas comunidades, sino a todo el Estado.

“Antuña Aguilar estuvo 6 años en ese cargo y pudo haber constatado dichas irregularidades, sin embargo no tuvo la voluntad de hacer las denuncias y presentar propuestas al Poder Judicial para hacer modificaciones a la ley para tratar de subsanar las deficiencias legales”, manifestó.

López Escoffié comentó que este funcionario no ha cumplido con el principio de eficiencia, pues durante su gestión aumentaron los juicios laborales, por lo que no se enfocó en trabajar y crear mecanismos para reducirlos, lo que ha dado como resultado que al día de hoy se tengan 4 mil 800 denuncias, de los cuales hay 400 sentencias firmes por las que los ayuntamientos deberán pagar más de 700 millones de pesos.

Destacó que tienen conocimiento de varias denuncias públicas que han hecho abogados y litigantes en materia laboral en contra de este magistrado, a quien acusan de asesorar a diversos municipios a través de abogados afines a él, incurriendo en el tráfico de influencias y violaciones; y a decir de los mismos denunciantes, sus ausencias son notorias en los oficios del tribunal.

Por su parte, la diputada Milagros Romero Bastarrachea pidió a la bancada del PRI ser congruente, ya que ellos respaldaron la iniciativa materia de laudos, en donde incluso propusieron sanciones que fueran de 10 mil a mil UMAS. "Los diputados del PRI tenían conocimiento de las ilegalidades e irregularidades que se estaban cometiendo en ese tribunal", denunció.

Finalmente, expresó que Movimiento Ciudadano siempre estará a favor de los yucatecos, denunciando actos de corrupción y cuidando el patrimonio de los municipios. (Libertad de Expresión Yucatán con información de La Jornada Maya y Movimiento Ciudadano)

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