miércoles, 17 de abril de 2019

13:48:00
MÉRIDA, Yucatán, 17 de abril.- Durante una reunión con integrantes de siete agrupaciones de mototaxistas, que operan en el poniente de la ciudad de Mérida, la diputada de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié, les informó que su bancada trabaja para presentar una iniciativa de ley que les dé certeza jurídica, derechos y obligaciones, para que así puedan operar de manera legal.


La legisladora local les comentó que antes de presentar ese proyecto, se les hará llegar a las agrupaciones con la finalidad de que lo puedan nutrir y se salvaguarde sus intereses, pero sobre todo para que brinden un mejor servicio al público.

“La idea es trabajar la iniciativa de acuerdo con las necesidades de la gente, lo que queremos es darle certeza a los mototaxistas, así como a los usuarios, por lo que la estaremos presentando a más tardar a mediados de mayo, cuando iniciemos el tercer periodo ordinario”, manifestó.

Durante su discurso, López Escoffié les comunicó que este lunes, durante el cierre del segundo período, se aprobó por mayoría un punto de acuerdo, en donde se exhorta al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) se haga un reordenamiento en cuanto a este servicio, se verifique quiénes tienen concesiones, cuántos hologramas y se les asigne un número que indique la zona permitida de circulación.

Líderes de agrupaciones comentaron a la diputada que con el cambio de gobierno han surgido nuevas organizaciones que se han convertido en una competencia desleal, pues operan bajo sus propias normas e incluso circulan en el periférico, arriesgando la vida de los pasajeros.

Los denunciantes señalaron que llevan más de 20 años ofreciendo este servicio, pues son la primera cooperativa a la que se le entregó concesiones, incluso cumplen con cada uno de los lineamientos que especifica el Imdut como es el uso de casco, contar con un botiquín, extinguidor, licencia y seguro vigente.

Otra situación que plantearon, es que desde las dos administraciones pasadas el Instituto cada 2 años les cobra 750 pesos por un censo, lo que consideran una cantidad elevada tomando en cuenta todo lo que tienen que pagar para poder circular en la ciudad.

A esto se suman las multas altas que les imponen de hasta 25 mil pesos, con la justificación de que son ilegales, además de que para poder emplacar sus vehículos tienen que viajar a Campeche y Quintana Roo.

Finalmente, López Escoffié se comprometió en analizar cada una de estas irregularidades, y regresar con un documento en mano y dar solución a este servicio que la ley no contempla. (Boletín)

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