viernes, 8 de febrero de 2019

17:03:00
José Repetto

El pasado 1 de enero entró en vigor en México la Ley General de Comunicación Social, que contempla en su artículo 35 que los medios que pretendan participar en la contratación de comunicación social (esto es, proveer difusión a un gobierno municipal, estatal, federal o dependencia, etc. cobrando por ello) deban estar dados de alta en algo llamado el Padrón Nacional de Medios. Sí, incluso las páginas.

Aunque éste no ha entrado en vigor, pues no se ha reglamentado hasta la fecha ni anunciado, dicho requisito es digno de mucha atención para absolutamente todos los medios (grandes, medianos y pequeños; electrónicos, impresos y digitales, etc.) que vendan publicidad, requisito indispensable para su subsistencia, pues su personal se dedica de tiempo completo a esta labor y podrían verse afectados negativa e injustamente, no sólo en lo económico sino en su credibilidad.

El problema de esta ley es que se presta a ataques a la libertad de expresión, pues el Gobierno Federal potencialmente diría "tú eres medio", "tú también", "tú no", "tú tampoco", etc. y decidiría con base en criterios potencialmente arbitrarios quiénes pueden vender publicidad al gobierno y quiénes no.

Requisitos prohibitivos o costosos (como estudios de alcance y certificaciones, por ejemplo) podrían ser un obstáculo para medios pequeños y medianos a nivel local.

No sería justo, equitativo ni respetuoso de la libre expresión pedir los mismos requisitos para un medio local con 2 a 5 personas en nómina que para un medio nacional con cientos de empleados y  alcance global, como por ejemplo El Universal. Equivaldría a una ley mordaza, pues se prestaría a un otorgamiento o denegación discrecional de dicho reconocimiento. Y eliminaría, de paso, casi cualquier competencia o contrapeso para los "grandes medios".

Y podría ser sujeto de amparo, pues limitaría la libertad de los medios y periodistas para trabajar y subsistir, pues los subordinaría a la Federación y su aprobación. Atacaría el derecho constitucional a la libre expresión.

No se trata sólo de la cuestión económica, pues planteamos ¿a cuenta de qué el Gobierno Federal va a decidir qué medios son medios y cuáles son sólo "opiniones personales"? Una injerencia de tal nivel se prestaría a precedentes peligrosos.

Esperemos que la entrada en vigor del Padrón Nacional de Medios no resulte en la censura de decenas, tal vez cientos, de medios medianos y pequeños a nivel nacional así como de periodistas independientes, pues el solo hecho de no estar en este padrón les quitaría "credibilidad" ante los afines al actual Gobierno, de ser usado como una forma de control. Podrían ser desestimados fácilmente como "blogs", "opiniones", "chismes" o "fake news", y los que sean aprobados verse "secuestrados" so pena de perder su "legitimidad".

Esto lo sabremos si y cuando se den a conocer los requisitos para incorporarse a éste y el grado en que sean limitantes. Esperamos equivocarnos en nuestras sospechas, y si es así, lo reconoceremos.

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