miércoles, 20 de febrero de 2019

febrero 20, 2019
MÉRIDA, Yucatán, 20 de febrero.- Seis de las siete fuerzas políticas de la LXII Legislatura aprobaron exhortos para que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto de la problemática suscitada por la reducción económica a las estancias infantiles, solicitando que éstos se repliquen en los Congresos locales de todo el país, durante la sesión ordinaria de este miércoles que duró más de cuatro horas.


El Punto de Acuerdo presentado en una plenaria pasada, por las diputadas de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, así como del PAN con una propuesta agregada este día de un diputado del PRI,  votada en contra por la fracción de Morena, cuenta con seis artículos, de la siguiente manera:

Primero, el Congreso de Yucatán exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a realizar los ajustes al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, que permita dar continuidad a las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras del Gobierno Federal.

Segundo, el Congreso de Yucatán exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a realizar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el ajuste presupuestal que permita la completa operación de dicho programa, sin menoscabo del interés superior de la niñez ni de la obligación del Estado Mexicano de asegurar el desarrollo y educación de las niñas y niños del país como derechohabientes de las instancias infantiles, observando los tratados internacionales en la materia, suscritos y reconocidos por el Gobierno Mexicano.

Tercero, el Congreso de Yucatán exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar a través de la Secretaría de Bienestar, mesas de diálogo con los representantes de las instancias infantiles de las 32 entidades federativas, con la finalidad de que sus propuestas sean consideradas al momento de definir las reglas de operación del mencionado programa.

Cuarto, el Congreso de Yucatán exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar Federal a revisar las reglas de operación del programa, con la finalidad de darle continuidad al mismo, a través del cual se asegure el cuidado, protección y sano desarrollo de la infancia mexicana.

Quinto, el Congreso de Yucatán exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación Estatal de Programas de Desarrollo del Ejecutivo Federal en el Estado, a intervenir y realizar las gestiones financieras y administrativas necesarias ante la Secretaría del Bienestar, para evitar el cierre y cese de mujeres y hombres que actualmente laboran en las instancias infantiles del multicitado programa.

Sexto, el Congreso de Yucatán hace del conocimiento de las 31 legislaturas locales de las entidades federativas del presente acuerdo para que, si así lo consideran, se sumen y adhieran al mismo.

“Nos sumamos a las cuatro demandas de las afectadas: que el Estado Mexicano se responsabilice de asegurar la educación de los niños y niñas a temprana edad; que se realice un estudio puntual donde evalúen los avances y logros en el desarrollo infantil de los niños que asisten a alguna estancia; que la autoridad se haga responsable de dar seguimiento a la transferencia de los cuidados maternos hacia la familia del menor; así como se respete los derechos de igualdad de género como mujeres trabajadoras”, aseveró Silvia López.

“Reconocemos el gran servicio que hacen las estancias, pero no abarca la capacidad de niños que existen en Yucatán. No estamos en contra de las estancias infantiles, que opere nuevamente con un nuevo gobierno y si las reglas no son claras se pueden modificar todos los acuerdos que hay”, expresó Miguel Candila Noh (Morena).

“Les pedimos paciencia, que tengan confianza en que se está buscando cuidar el interés máximo de la niñez. El padrón y las listas van a ser administradas en la Secretaría de Bienestar, ténganlo en cuenta, las estancias cambian de nombre, pero no desaparecen, se están mejorando los procedimientos para evitar los malos manejos”, declaró Fátima Perera Salazar (Morena).
  
En la plenaria del día, también se aprobó por mayoría el Punto de  Acuerdo,  con  la  que  el Congreso  del  Estado  exhorta  a  la  Cámara  de  Diputados  a  revisar  de inmediato  las  partidas  presupuestales  del  rubro  de  fortalecimiento del  ramo  33,  se  reorienten  los  recursos  necesarios,  a  fin  de  que  los municipios puedan cubrir su consumo de energía eléctrica y sus costos de seguridad, suscrita por el diputado Alejandro Cuevas.

Además, la LXII Legislatura avaló por unanimidad la convocatoria para presentar candidatos para la designación de un Consejero del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública  y Protección de Datos Personales (INAIP); así como la  modificación de  la  Ley  de  Gobierno  del  Poder Legislativo del Estado, su reglamento y el del Instituto  de  Investigaciones  Legislativas, para crear la Revista Legislativa y actualizar la Gaceta Parlamentaria.

López Escoffié añadió que, con este dictamen, la ciudadanía sabrá “que hacen y que dicen los diputados”, para que puedan medir su trabajo.

En asuntos generales, Milagros Romero presentó una iniciativa para crear la Ley de Movilidad del Estado para establecer las bases del Sistema Estatal de Movilidad como instancia de coordinación entre el ejecutivo estatal, los municipios y la sociedad, para diseñar e implementar planes, programas, políticas, proyectos, presupuestos y normas integrales, que hagan efectivo el derecho a la movilidad de los habitantes del estado de Yucatán.

También se dio a conocer un oficio de la Legislatura del estado de Guanajuato, y en la sesión se contó con la presencia del Coordinador Nacional de diputados locales del PAN, Edgar Olvera Higuera, así como otros legisladores del mismo partido político de otras entidades.

Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 27 de febrero del año en curso, a las 11 de la mañana, en la cual rendirá su Informe Anual de Actividades el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey). (Con información del Congreso del Estado)

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