David Augusto Sotelo Rosas*
El anuncio, por parte de López Obrador, de que a partir de diciembre se cambiará el Convenio de Coordinación Fiscal, mediante el cual la Federación entrega recursos a través de partidas presupuestales a los estados, es una terrible noticia que golpea no solo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 26, 40, 74, 79, 115, 116, 134, entre otros) sino al mismo sistema federalista y republicano.
El nombrar “Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo” –para que sean ellos los que reciban todos los recursos y programas que el gobierno federal envía a las entidades federativas, dependiendo directamente del presidente y respondiendo sólo ante él, sin ninguna instancia de revisión y transparencia, que viola todo el Título Cuarto de la Constitución- se asemeja a la decimonónica y colonial figura de los “jefes políticos” creada en 1812, por la Constitución de Cádiz (Capítulo II, del Título VI, artículos 324 a 337), donde el Rey de España los designaba como la autoridad al frente del gobierno de las provincias de la Nueva España.
