lunes, 17 de diciembre de 2018

16:02:00
José Repetto

¿Cuántas veces hemos ido por la calle y visto a la policía estatal (SSP) o municipal deteniendo e interrogando a un señor humilde con su triciclo o camioneta por llevar electrodomésticos viejos, a un joven por tener tatuajes, piercings o vestir "raro", a un conductor por tener placas de otro estado, a una persona de la diversidad sexual o a cualquier individuo que se les antoje para cumplir su cuota? ¿Hemos tenido el valor de actuar? Yo confieso, con vergüenza, que varias veces he seguido de largo, pero estoy determinado a no hacerlo más.

Un retén de la policía del estado (foto: José Repetto / Archivo)

Los retenes, puntos de revisión instalados por la policía ya sea para ver si el guiador tiene aliento alcohólico (alcoholímetro) o interrogarlo y revisar arbitrariamente el interior de su vehículo y sus documentos, son inconstitucionales y violatorios de los derechos humanos. En dos palabras, son ilegales.

¿Por qué son inconstitucionales? Porque dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 11:

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Esto es, tenemos derecho a desplazarnos libremente dentro del país sin rendir cuentas por ese simple hecho.

Y en su Artículo 16:

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...

Esto significa que la policía no puede someternos a interrogatorios o revisiones de manera arbitraria e ilegal, ni privarnos de nuestra libertad en el proceso.

Pero ¿y si cambian la Constitución? Ya no serían inconstitucionales, pero no por eso estarían bien, pues no olvidemos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 9:

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Y esto no cambiará por capricho del partido en el poder.

Hablemos de los términos detenido y preso: recuerdo hace 10 años cuando fui a la Policía Municipal de Mérida a quejarme por una detención arbitraria y fui "atendido" por un abogado llamado Juan Eduardo Maza Poot, quien cínicamente admitió que saben que las detenciones arbitrarias son inconstitucionales pero aún así "así hacen las cosas", e intentó matizar sus palabras diciendo que lo que me hicieron sus oficiales no fue una detención sino una "parada". Para desgracia de Mérida, ese sujeto sigue trabajando en la Policía Municipal y bateando a los ciudadanos que acuden a quejarse por los abusos de los agentes. En aquel entonces, Francisco Calero Reyes era el jefe de la PMM (lo último que se supo de él es que era sirviente de los Ponce).

Sugiero a quienes acudan a interponer una queja ante la PMM, la SSP o directamente a la Codhey (lo ideal) grabar con su celular el audio de la conversación (no había esas facilidades en aquel entonces).

¿Qué podemos hacer contra la "revisión de rutina" y los retenes?

Si estamos en la calle retenidos por la policía, por el motivo que sea, no debemos dejar que nos ganen los nervios ni enojarnos visiblemente. Tenemos que asegurarnos de memorizar el número de la patrulla o patrullas involucradas y, si están visibles, los nombres de los oficiales, así como cualquier rasgo físico que pueda servir para identificarlos después. Si es viable, grabar sutilmente en video la situación. Recordar también la hora y lugar exactos del evento.

No estamos obligados a dar explicaciones sobre de dónde venimos o a dónde vamos ni por qué estamos donde estamos, pero no hacerlo alargará el proceso, así que para proteger nuestra privacidad, pues no sabemos qué uso le darán a esa información, podemos -y debemos- simplemente inventar algo.

Si somos víctimas de un abuso de autoridad, podemos acudir a la prensa local y redes sociales y dar a conocer nuestra historia, sustentada con una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). Sabemos que en la práctica la Codhey defiende a la autoridad -el ombudsman es un mero empleado del Gobernador en turno- y no tomará el lado del ciudadano (salvo pueda sacar beneficio mediático de ello), incluso llegando a presionarlo para que desista o concilie en su queja, pero es crearle un trámite a la policía y mientras más gente lo haga, más probable es que la autoridad encuentre demasiado engorrosas esas prácticas violatorias de los derechos humanos y las cambie no por principio ni por respeto a la legalidad, sino para ahorrarse el trabajo que éstas le generarían. Esto agregado a la vergüenza pública de ser exhibidos constantemente. Esto podría ser una realidad si la sociedad dejara de ser tan conformista y creer que tiene que tolerar estos abusos "por su propio bien".

No tiene el menor caso acudir a la SSP o a la policía del municipio directamente, pues si la Codhey es cómplice los colegas de los oficiales lo serán todavía más. Lo mejor es saltarse ese paso.

Poco puede lograr una persona si se inconforma sola, pero no por ello debe dejar de hacerlo, porque es lo justo y es lo correcto. Si como sociedad no hacemos nada, si no somos solidarios al ver que la policía está hostigando a alguien por su manera de vestir, por tener tatuajes, por estar en una zona "donde no pertenece" u otra cuestión discriminatoria o ilegal no nos lamentemos cuando nadie sea solidario con nosotros.

Es nuestro derecho documentar la actividad policíaca, tanto si somos sujetos de ésta o meros testigos. Si la policía se sabe vigilada, que le pueden tomar fotos o grabar, es menos probable que incurra en actos de corrupción (extorsión), abuso de autoridad, exceso de fuerza o discriminación. Pero para eso debemos perderles el miedo, el miedo que buscan inspirarnos desde 2007 cuando cambiaron sus uniformes y patrullas al color negro y que, para vergüenza de los gobiernos sucesores, han mantenido hasta la fecha.

En el caso de los retenes, podemos twittear su ubicación a @retiomid y a @libreexpresiony para que ésta se difunda y otros ciudadanos puedan evitar pasar por puntos donde corren el riesgo de ver vulnerados sus derechos fundamentales.

Lo diré claramente: éste es un llamado activo, explícito y abierto a seguir saboteando todo tipo de retén policíaco o revisión de rutina, pues éstos son violatorios de los derechos humanos. Si estamos manejando o caminando por la calle y no hemos hecho nada ilegal o remotamente sospechoso (sería razonable y justo que nos pararan, por ejemplo, si nos ven subiendo o bajando de un muro, o si cometemos una infracción de tránsito) tenemos derecho a no ser molestados por la policía, a no ser tratados como delincuentes. En México el que nada debe es el que más teme, por desgracia.

Entre las desgracias que tenemos que soportar, al menos los oficiales aún no tienen "tazers" como en Estados Unidos para electrocutar al ciudadano por tan siquiera alzar la voz.

Y como sociedad tenemos que alzar la voz. 

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