miércoles, 28 de noviembre de 2018

13:10:00
José Repetto

De nueva cuenta el Congreso del Estado ha enviado a la congeladora legislativa el tema del matrimonio igualitario, el cual se discutiría hasta el próximo año, y no antes de que acabe éste como se manejaba originalmente.


Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó desde 2015 que las legislaturas locales que no permitan el matrimonio entre parejas del mismo sexo son inconstitucionales, por años el Congreso Estatal se ha negado a discutir el tema y actualizar la normatividad vigente en la entidad.

La iniciativa presentada por el hoy ex gobernador Rolando Zapata Bello desde agosto de este año sigue sin avanzar pues parece no ser una prioridad para los diputados locales, quienes no quieren asumir el costo político de tomar una postura y disgustar ya sea a los defensores de derechos humanos y la comunidad LGBT o a los grupos conservadores que se oponen.

Entre los opositores al matrimonio igualitario, nos comentan extraoficialmente, se encuentra la coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama.

Aunque se entiende que Acción Nacional es un partido socialmente conservador ¿cómo puede asumir la legisladora una postura en defensa de lo que dicho sector denomina la "santidad de la familia"  y el "matrimonio igualitario" cuando está divorciada y ya tiene una nueva pareja? ¿Qué autoridad puede tener para juzgar la validez de un vínculo matrimonial?

De manera similar otro integrante de dicha bancada, el diputado Miguel Rodríguez Baqueiro, también está divorciado y hace algunos meses circuló un video donde aparece (se oye su voz) con una jovencita en una situación de pareja.

En 2001, Manuel Díaz Suárez, cercano a grupos conservadores como la Red Pro Yucatán, que por la última década se ha opuesto a los derechos de la diversidad sexual, fue denunciado penalmente por presuntamente agredir físicamente a su hoy esposa. ¿Ése es el vínculo sagrado entre hombre y mujer que buscará defender su partido?

Alejandro Cuevas Mena, del PRD, ha declarado que el tema no es una prioridad en la agenda legislativa, esto a pesar de que representa a un partido de izquierda, por lo cual extraña que asuma una postura tibia cuando se sabe, por los mismos perredistas, que es bastante, digamos, liberal en su vida personal.

Por su parte el presidente del Congreso, el priista Felipe Cervera Hernández, es conservador pero se ha mostrado abierto a discutirlo. Se sabe que un familiar muy cercano a él -quien es por sí mismo una personalidad conocida en el medio local- es homosexual, lo cual esperemos influya en la postura del legislador a la hora de discutir y votar por el matrimonio igualitario, pues el tema toca a alguien de su familia. ¿O no considera que alguien que es su sangre merezca también igualdad de derechos?

Como éstos hay otros casos que nos permitirían exhibir como incongruente a cualquier diputado que salga en defensa de lo que los conservadores denominan el "matrimonio natural" y la "familia tradicional", pero guardaremos dicha información dependiendo de la postura que asuman.

Otros legisladores, algunos de los cuales han apoyado públicamente el matrimonio igualitario, se muestran tibios al hablar de éste en corto, no dándole mucha importancia a que se use el término matrimonio y asumiendo una postura neutral ante la posibilidad de que se les denomine uniones civiles o sociedades de convivencia lo cual no lograría la verdadera igualdad ante la ley y la sociedad para la diversidad sexual. Creen que de esta manera evitarían molestar a uno u otro sector, pero se equivocan.

En este punto deben prestar especial atención los defensores de derechos humanos que tienen años pugnando por la igualdad de derechos, no dejar de presionar por todos los medios a su disposición y no confiarse por el respaldo de palabra que nadie les ofrezcan. Tienen que asegurarse de que haya un costo político por no defender el matrimonio igualitario.

Cabe mencionar que aunque la legislación local aún no reconoce el matrimonio igualitario, éste se puede contraer tras tramitar un amparo para dicho fin en cualquier lugar del país, aunque la entidad en cuestión no reconozca esta figura, como es el caso de Yucatán. (José Repetto)

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